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Contrario a la política para la construcción de infraestructura de años anteriores, “el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2016 incluye 8 nuevas propuestas de proyectos bajo la ley de Asociaciones Público Privadas (APPs) por una inversión total de 11 mil 500 millones de pesos. Este monto representa 5.6 veces la inversión realizada en APPs en 2014, cuando se registraron 2 mil 54 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” (El Financiero, 29-09-15).
Esto significa que el Gobierno Federal asumirá compromisos presupuestales futuros para los próximos 25 años (en promedio) sobre la base de la inversión canalizada a través de sociedades mercantiles de giro exclusivo. Éstas asumirán la obligación de dotar de la infraestructura necesaria y prestar el servicio a entidades o dependencias, acudiendo a créditos que para tal efecto otorgue el sistema financiero mexicano.
La circunstancia ante descrita se podría definir como “construya ahora y pague después”. La autorización de proyectos de asociaciones público privadas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicita en el proyecto de presupuesto de egresos a la Cámara de Diputados obedece a que la disponibilidad de recursos presupuestales inmediatos y directos para la inversión en infraestructura se reducen en un 21%, pero la necesidad de contar con hospitales o carreteras persiste y debe atenderse a la brevedad posible.
La falta de infraestructura es una de las causas de la baja productividad de la economía mexicana y la evidencia del rezago se puede apreciar en cualquiera de las salidas y accesos a la Ciudad de México, que no habían sido ampliados, ni modernizados en más de 40 años. Los esquemas novedosos para la construcción de obra pública y contratación para la prestación de servicios al sector público han permitido que en la última década esta situación empezara a cambiar con los segundos pisos hacia Querétaro, Puebla y Cuernavaca.
Cabe señalar que la amortización de la inversión de más de once mil millones de pesos con los esquemas de APPs se difiere a que los servicios vinculados con este tipo de contratos empiecen en operación. Ello significa que el impacto en el presupuesto federal se aplaza por lo menos dos años, tiempo de ejecución de la obra relacionada con los mismos, y permite generar más empleos en el corto plazo, sin la necesidad de recurrir al aumento del aparato del Estado como estrategia para reactivar la economía.
La SHCP contempla una cartera de inversión privada de 2.9 billones de pesos para proyectos del Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018, de acuerdo con el Director Adjunto de la Unidad de Inversiones de la SHCP, Carlos Guevara, que se llevará a cabo, utilizando varias formas de pago diferido, como son los proyectos de impacto diferido en el gasto (PIDIREGAS), las obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura (OPAPIS), las APPs, entre otros mecanismos jurídico-presupuestales existentes en la legislación (El Financiero, 6-05-2014)
Esta cantidad representa alrededor del 90% del presupuesto federal anual, cuyo pago se transfiere a ejercicios futuros y se dispersa entre éstos en las próximas décadas. Esto sin duda favorece a inyectar dinamismo en la economía y es parte de la reforma estructural que tiene un reflejo en las finanzas públicas, ya que se reduce la inversión directa de las empresas productivas del estado (entre 7.6% y 14.2%), que se sustituye con esquemas de inversión privada, y se libera recursos presupuestales para dar cumplimiento a los compromisos asumidos a finales del siglo XX con los pensionados, que en su momento fueron futuros y ahora representan una presión al gasto. El gasto destinado a cubrir las pensiones aumenta en un 9 % con respecto al año anterior y representa el 17.3% del total y se proyecta un crecimiento constante en los próximos quince.
Los esquemas de inversión privada en la construcción de infraestructura pública es una propuesta adecuada para dinamizar el mercado interno y generar empleos a una generación que los necesita, pero no hay que perder de vista que se sostiene en compromisos presupuestales futuros que eventualmente se acumularán y será un factor de presión al gasto público. “Construya ahora, pague después”.
Profesor del INAP
cmatutegonzalez@yahoo.com.mx
