El Grupo Parlamentario del PAN presentó el 26 de agosto, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa del decreto que expide la Ley General del Sistema de Anticorrupción y reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En esta iniciativa, en términos generales, se propone lo siguiente: la composición, atribuciones y objetivos del Comité Coordinador del Sistema; la forma de nombrar al Presidente del Sistema Nacional y al secretario ejecutivo del mismo; las atribuciones, funcionamiento, selección e integración del Comité de Participación Ciudadana; las bases mínimas de coordinación con los sistemas estatales, facultades y formas mínimas de los órganos de control interno; el servicio profesional de carrera para los servidores públicos que integren el sistema; la creación del sistema digital de anticorrupción con base en los sistemas evolución patrimonial y declaración de intereses de los funcionarios, de contrataciones públicas, de los servidores públicos sancionados, de denuncias públicas y de fiscalización, así como los parámetros mínimos para establecer las políticas de prevención de la corrupción y las atribuciones para la evaluación y la medición de las políticas de anticorrupción y los mecanismos de la participación ciudadana, la figura del testigo social y la regulación de las auditorías sociales.
La reacción de la Consejería de la Presidencia del Ejecutivo Federal fue inmediata y calificó de absolutamente inconstitucional y sin rigor jurídico a dicha iniciativa, en los términos siguientes: “Leí la iniciativa que presentó el PAN y claramente no tiene un estudio profundo, a nivel constitucional de cómo queremos aterrizar, en las leyes secundarias el modelo de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Hay una falta de responsabilidad jurídica por ello debemos tener claro que en el debate público van a querer ganar con falacias” (El Universal, 28-08-2014).
Con lo anterior puso una pica en Flandes y preparó la batalla legislativa que se librará en el próximo periodo extraordinario. No deja de llamar la atención el lugar de donde sale la oposición de la fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados a la iniciativa presentada es una oficina que depende del Presidente de la República.
¿Cuáles son los puntos del debate? De las declaraciones a la prensa no se pueden inferir con claridad, pero de la lectura de la iniciativa pudiera intentarse un primer acercamiento. La intervención del Ejecutivo en el Sistema Nacional, las facultades del Comité de Participación Ciudadana para nombrar la secretario ejecutivo del Sistema y objetar el nombramiento de los titulares de los órganos de control interno, la distinción entre órganos de control interno y de control externo (ASF y Fiscalía especializada), los requisitos para ser secretario de la función pública (no tener relaciones de afecto o amistad estrecha con el Presidente o titulares de las dependencias del Ejecutivo, entre otros) y los mecanismos de participación ciudadana.
La regulación del conflicto de interés y la autoridad competente para investigarlos será el centro del debate parlamentario desde la óptica política y que tiene complicaciones técnicas jurídicas en las que se involucra el uso indiscriminado de conceptos indeterminados o abiertos, susceptibles de ser llenados en su contenido a discreción por la autoridad, los afectados, la opinión pública y la opinión publicada.
La arena del debate se monta a partir del primer día de este mes y los primeros escarceos se escenificarán a finales del mismo, después de la glosa del informe, la comparecencia de los secretarios y la integración de las comisiones. La no promoción de iniciativa preferente por el Presidente de la República da flexibilidad a los grupos parlamentarios para fijar los tiempos de la agenda legislativa.
En el Tercer Informe del Presidente Peña Nieto este tema ocupó un lugar destacado en congruencia con la expansión del número de personas que considera que el principal problema de nuestro país es la corrupción y su combate frontal uno de los pendientes de los gobiernos federales.
Profesor del INAP