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En el Tercer Informe de Gobierno, el Presidente Peña Nieto informó que “el Gobierno de la República ha asumido el compromiso de fortalecer la Justicia Cotidiana, relacionada con la materia mercantil, laboral, familiar y administrativa. El objetivo es que la justicia sea más accesible y menos costosa”.
El antecedente son unos foros organizados por diversas instituciones académicas como el CIDE, el INAP, el IIJ-UNAM, EGAP-ITESM, UNICHAH, Colef y otras instituciones de educación superior públicas y privadas, así como el Conatrib, el AMIG, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Barra Mexicana de Abogados, cuyos resultados fueron 200 recomendaciones y 20 acciones de aplicación inmediata. Lo destacable es que la mejora de la justicia cotidiana es un tema en la agenda del gobierno y que se anuncia la posibilidad de que haya iniciativas de ley o nuevas políticas públicas sobre el particular.
Una de las recomendaciones puntuales fue la transformación de la justicia laboral, que, conforme al documento presentado en su momento al Presidente, trata las relaciones laborales de las personas con sus empleadores, sean particulares u organismos públicos, toda vez que los expertos participantes en los foros coincidieron en que en esta materia en especial existe “un diseño institucional que resiste la renovación y la adaptación”.
Lo anterior hace evidente que el futuro no se encuentra en fortalecer lo existente, sino en el cambio profundo. El reto es superar el rezago existente y la dilación en la resolución de los conflictos, sin perder la esencia de esta administración de justicia fundada en el tripartismo. Cualquier propuesta de crecimiento en las condiciones actuales carece de sentido y sólo aumentaría el costo, especialmente grave en una época de crisis, y no contribuiría a resolver la crítica circunstancia que padecen los justiciables.
La propuesta 18 de los foros consiste en revisar la operación de las juntas de conciliación y arbitraje (hay que destacar que no hay referencia explícita a la justicia burocrática que imparten los Tribunales Federal y estatales de conciliación y arbitraje respecto a los trabajadores al servicio de Estado, apartado B del artículo 123 constitucional) y se formuló de la manera siguiente:
“Existe un consenso –entre los expertos convocados- relativamente amplio respecto a que su desempeño actual no es idóneo y que presentan graves problemas de operación. Resulta impostergable revisar de manera seria, documentada y rigurosa su diseño para proponer soluciones de fondo, al mismo tiempo que se pueden tomar medidas inmediatas para avanzar en su profesionalización, proteger a los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad y eliminar áreas de discrecionalidad que hoy existen y a menudo se convierten en focos de corrupción. Una de las primeras tareas sería revisar la estructura tripartita de las juntas y su eventual incorporación a los poderes judiciales”.
No comparto en su totalidad el sentido de la propuesta, pero si coincido en que la reforma que se impulse en esta materia debe salirse del eje tradicional y buscar soluciones que, manteniendo la participación de los factores de la producción en el proceso de impartición de justicia, supere algunas limitaciones del tripartismo, de tal forma que esta función del estado se lleve a cabo en dos clases de procesos: uno ordinario que se resuelva colegiadamente en el seno de una junta o una sala de tribunal de conciliación y arbitraje integradas con representantes de los empleadores y trabajadores y un presidente y otro sumario resuelto por un órgano unitario, como la reforma que sobre el particular se hizo en la justicia administrativa federal, que permitió reducir los tiempos en la emisión de la resolución en beneficio del justiciable. Cualquier propuesta de esta naturaleza requiere un estudio preciso de las estadísticas judiciales y una clasificación precisa de tipos de asuntos y pasivo laboral involucrado, que no es pequeño.
Especialmente en materia laboral y burocrática, la justicia accesible es sinónimo de transformación profunda, un simple reacomodo de lo existente sería inocuo. El diálogo abierto, con la participación directa de los interesados que enriquezca las recomendaciones de los expertos, se visualiza como el único camino factible en el futuro inmediato.
Profesor del INAP
