Más Información
El informe Presidencial siempre es un momento de reflexión pública. La estridencia política, que tiene su punto más bajo de la vida republicana en la confrontación con Vicente Fox y el Congreso de la Unión, en el nada memorable, “entregas y te vas”, poco contribuye al análisis y a la buena orientación y rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.
El tercer informe es especialmente importante en un gobierno en la medida que marca el punto de inflexión para el inicio de la segunda parte del mismo y suele plantearse un cambio de prioridades, con base en los resultados y en las circunstancias que siempre son distintas al momento de la toma de posesión. La oportunidad es propicia para revisar abiertamente el cumplimiento de las propuestas de campaña, los compromisos que se han expresado durante la gestión (siete decálogos según Ricardo Alemán, El Universal 3/09/15) y los efectos de la acción de la administración pública.
Los compromisos más recientes se refieren al impulso del Estado de derecho, el acuerdo para la Justicia cotidiana, el combate a la pobreza, el apoyo a las regiones rurales de mayor marginación, el impulso de las zonas económicas especiales, la infraestructura educativa, la enseñanza del inglés en educación básica, la creación de la secretaría de cultura, la estabilidad macroeconómica, el desarrollo de infraestructura en el esquema público-privado y la austeridad presupuestal.
El análisis de los mismos debe hacerse desde dos perspectivas: aquellos que se repiten en varias ocasiones y los que dejan de mencionarse. Primero, los que se reiteran significa que son prioritarios y difícilmente pueden ser eludidos por cualquier gobierno como es el caso de los vinculados con la desigualdad social, la insatisfacción del ciudadano por el desempeño de las instituciones y el combate a la corrupción, que son males endémicos con causas multifactoriales y proveniente de fallas estructurales profundas que requieren de años de trabajo y dedicación colectiva e individual. Segundo, los que salen de la agenda inmediata obedece a que se consideran cumplidos razonablemente o que su obtención rebasa en forma evidente las posibilidades financieras reales o tienen obstáculos técnicos y jurídicos aparentemente insalvables en el corto plazo.
En este último saco, el que posiblemente se cuenten los compromisos aplazados para el 2018, parece que se incluye la segunda generación de reformas a la seguridad social, la cobertura universal en pensiones y en salud y el seguro desempleo. Las iniciativas de modificación, pero sin mayor impulso.
Una explicación de esta inmovilidad puede ser la apuesta del gobierno federal para reducir la economía informal mediante el incentivo a personas físicas a inscribirse como contribuyentes en un régimen simplificado y al IMSS, con las consecuencias del pago de cuotas y de la obtención de los beneficios correspondientes. Esta estrategia provoca la disminución del impulso a los programas de pensiones universales o de salud que no requieren cotización, ya que son incentivos a no registrarse en el seguro social. ¿Quién paga por algo que puede recibir gratis por la vía del subsidio presupuestal?
Otra explicación es que los recursos que se requieren para la universalización de la seguridad social o el seguro de desempleo son superiores a las capacidades financieras del Estado y el mercado, aún más si se toma en cuenta la baja de los precios del petróleo y la necesidad de apretarnos el cinturón que anunció el Presidente. Indudablemente septiembre, el mes patrio y el de las comparecencias de los secretarios a la glosa del informe, es una época propicia para la reflexión pública.
Carlos F. Matute González
Profesor del INAP
