El artículo tercero transitorio de la reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Deuda Púbica, relacionada con la materia energética, publicada el 11 de agosto del 2014, establece: “El gobierno federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como de las que correspondan a los trabajadores en activo… siempre que dentro de un año de la entrada en vigor de ese decreto, Pemex alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo…”
El plazo establecido se vence esta semana y jurídicamente es improrrogable. La condición para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con cargo al presupuesto que financiamos con los impuestos, asuma parte del pasivo laboral de Pemex es que haya un compromiso por parte de esta empresa productiva del Estado y el sindicato para modificar sustancialmente el régimen de jubilaciones y pensiones.
En principio, todo hace suponer que habrá un acuerdo con base en tres lineamientos legales: respeto a los derechos adquiridos de los jubilados, aumento de los requisitos de jubilación a los trabajadores en activo y régimen de cuentas individuales con portabilidad para los trabajadores que ingresen después de esta fecha.
Las cifras son escalofriantes. El pasivo laboral representa casi un billón y medio de pesos. La propuesta es que la SHCP asuma el 42% del mismo, lo que significa que en los próximos 20 años, por lo menos, haya o no ingresos por concepto de petróleo en las arcas públicas, los contribuyentes deberán pagar puntualmente parte de las pensiones a los trabajadores que ayudaron a extraer la riqueza del subsuelo en la segunda mitad del siglo XX, cuyas conquistas sindicales han sido suficientes para garantizarles una buena jubilación.
En circunstancia distinta se encuentran los jóvenes que se incorporarán laboralmente a la industria petrolera. El mercado será el rector de la suerte de las nuevas generaciones y dependerán de su capacidad de ahorro, así como de su tenacidad para mantenerlo por un periodo largo, que es el único camino viable para gozar de una pensión digna. Por otra parte, los trabajadores en activo, aquellos que ingresaron a Pemex y sus filiales hace 25 años o menos, deberán cubrir mayores requisitos para obtener una jubilación, pero su pago se respaldará parcialmente con deuda pública.
El esquema planteado en la reforma crea dos tipos de trabajadores: a) Los jubilados y activos que gozarán de las bondades de un sistema de beneficios definidos desvinculado del monto de la aportación, por lo tanto, deficitarios, lo que explica que para continuar deban ser financiados con recursos presupuestales, y b) Los futuros que deberán someterse al sistema de contribución definida, es decir, de cuentas individuales con portabilidad, cuyo promedio del monto pensionarios es menor al otro, ya que no reciben transferencias directas.
Las negociaciones serán intensas y aunque ninguna dirigencia sindical quisiera reconocer una realidad financiera insostenible para sus intereses, ni aceptar ceder terreno en materia de jubilaciones, es esperable que haya acuerdo, ya que la condición para que el gobierno asuma parte del pasivo laboral afecta primordialmente al segundo tipo de trabajadores, que no está representado por el sindicato.
El plazo se vence, pero sólo es una fecha para iniciar el proceso de recomposición de este pasivo laboral, que seguramente durará muchos años. Es indispensable dar este paso, si se pretende que las empresas productivas del estado sean capaces de competir en un mercado energético que por disposición constitucional ya no es monopólico. La competencia será el principal acicate para que empresa y trabajadores lleguen un acuerdo que les permita aumentar la productividad. La encrucijada es compleja.
Profesor del INAP