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En 2008, se introdujo por primera vez la renovación “escalonada” o parcial de los consejeros del Consejo General del IFE, hoy INE. A partir de entonces se ha buscado que, en vez de cambiar a la totalidad de los consejeros cada siete años, se renovara por partes cada tres años. El propósito de este esquema ha sido conseguir un mejor equilibrio entre cambio y continuidad y así evitar que toda la experiencia se fuera con los consejeros salientes.
A pesar de sus notables ventajas, el sistema de renovación escalonada probó con el paso del tiempo tener también sus desventajas. Uno de ellas es que volvió más difícil que los grupos parlamentarios se pusieran de acuerdo entre ellos para nombrar nuevos consejeros. La razón es muy sencilla: el Instituto podía seguir funcionando con un Consejo General incompleto. Más aún, el equilibrio resultante, a pesar de su irregularidad, podría ser del agrado de algunos grupos parlamentarios y llevarlos a endurecer su posición negociadora.
La experiencia del “IFE mocho”, que duró de noviembre de 2010 a diciembre de 2011, sacó a relucir este efecto de segundo orden que tuvo la renovación escalonada sobre la negociación entre los grupos parlamentarios para nombrar consejeros electorales. Durante todo ese tiempo, el Consejo General de IFE funcionó con sólo seis de los nueve consejeros que, de acuerdo con la Constitución, debían integrarlo.
El IFE mocho fue resultado de una falla en el diseño institucional que los legisladores buscaron remediar con la reforma político-electoral de 2014. Para ello introdujeron un nuevo órgano, el Comité Técnico, conformado por personas designadas por la CNDH, el Inai y la propia Cámara de Diputados, cuya función era hacer una selección de los candidatos a partir de una evaluación curricular, un examen de conocimientos y una entrevista. El trabajo del Comité consiste en preparar una terna de cinco candidatos por cada cargo y ponerlas a disposición de los coordinadores de los grupos parlamentarios, para que éstos a su vez se pongan de acuerdo en la propuesta final que se presente al pleno de la Cámara de Diputados.
La clave del nuevo diseño institucional para el nombramiento de consejeros electorales fue la amenaza del sorteo. Si los grupos parlamentarios no se ponen de acuerdo, ya sea en la Junta de Coordinación Política o en el pleno de la Cámara, la Constitución prevé que la designación se haga mediante la selección aleatoria entre los candidatos seleccionados previamente por el Comité Técnico.
El nuevo mecanismo para la designación de los consejeros aplicó por primera vez hace tres años, pero aquella fue una renovación total. Había que nombrar a los once consejeros del nuevo INE. Si los grupos parlamentarios no se ponían de acuerdo, la reforma electoral recién aprobada no podía entrar en vigor. Por ello la verdadera prueba llegó este año, con el nombramiento de tres cargos de consejero electoral que quedarían vacantes en el primer ejercicio de renovación parcial del Consejo General del INE.
A juzgar por los resultados, la solución institucional construida en 2014 está funcionando. La amenaza del sorteo se disipó la semana pasada, luego que una mayoría calificada en la Cámara de Diputados ratificara en el pleno el acuerdo construido por la Junta de Coordinación Política. Ayer tomaron protesta tres nuevos integrantes del Consejo General del INE.
Se trata de un pequeño, pero importante triunfo de las instituciones. El órgano encargado de la función electoral cambia y se fortalece justo antes de iniciar la preparación de los comicios más complejos de la historia del país, en los que de forma simultánea se renovarán la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, 11 gubernaturas, 26 legislaturas estatales y mil 598 ayuntamientos.
Consejero electoral del INE
