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De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), los “ejecutores del gasto” tienen hasta el final del mes de febrero para “racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo sin afectar las metas” sustantivas. Por ello, durante estos días, los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, entre los cuales se encuentra el INE, deben anunciar “medidas de racionalidad” similares a las adoptadas por la administración pública federal.
De acuerdo con la propia LFPRH, el propósito de estas medidas de racionalidad es generar ahorros en actividades adjetivas de los ejecutores del gasto, para después aplicarlos a las sustantivas o prioritarias. Una vez aprobados los presupuestos, la ley mandata economizar en lo accesorio para reorientar los recursos hacia lo principal. El énfasis recae en reducir los gastos de operación sin descuidar el logro de los objetivos.
El anuncio de las medidas de racionalidad de 2017 se da en un contexto muy especial, marcado por las movilizaciones y protestas en contra del aumento en el precio de la gasolina de las primeras semanas de enero. El llamado gasolinazo ha representado para la gran mayoría de las familias una reducción en su ingreso disponible. El gobierno ha justificado la medida como una forma de contener las presiones sobre las finanzas públicas y de evitar las distorsiones generadas por el subsidio al consumo de combustibles fósiles. La opinión pública ha respondido con una exigencia de austeridad en todo el sector público. Si el gobierno pide a la ciudadanía que se apriete el cinturón, debe empezar haciendo lo mismo.
Por ello, las medidas de racionalidad en el ejercicio del presupuesto 2017 no pueden ser más de lo mismo, un simple “cortar y pegar” de lo anunciado en años pasados. Existe la expectativa de medidas especiales que atiendan las circunstancias también especiales por las que atraviesa el país. La expectativa responde a la demanda justificada de contener el crecimiento del gasto público o reorientarlo hacia nuevas prioridades, como el apoyo a los migrantes mexicanos que residen en EU o la implementación de las políticas de combate a la corrupción.
Las medidas de racionalidad del 2017 deben tener cuando menos tres ingredientes. Primero, identificar proyectos y programas cuya ejecución pueda diferirse a ejercicios fiscales posteriores sin afectar la realización de metas sustantivas. Esto es lo que hace toda familia cuando enfrenta situaciones económicas adversas: mandar hacia delante los gastos que pueden esperar a que las cosas mejoren.
El segundo ingrediente consiste en fijar metas de ahorro. El Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados lo exige. Ordena en el art. 16 publicar “en el Diario Oficial de la Federación y en sus páginas de internet a más tardar el último día del mes de febrero, sus respectivos lineamientos y el monto correspondiente a la meta de ahorro”. Estas metas deben ser objetivos de ahorro realistas y significativos al mismo tiempo, que vayan más allá de gestos simbólicos de austeridad.
El tercer ingrediente tiene que ver con identificar las actividades realmente prioritarias a las cuales destinar los ahorros y, en caso de que estén satisfechas, devolver las economías a la Tesorería de la Federación. La LFPRH obliga a los ejecutores del gasto, primero, a reorientar los ahorros hacia la realización de metas sustantivas y prevé que los recursos no devengados se regresen a Tesorería de la Federación al término del año fiscal.
Por ello, considero que, en el caso del INE, una vez aprobado el presupuesto se requiere transparentar completamente el destino que se dará al resultado de las medidas de racionalidad, a fin de que los ahorros no queden en el limbo jurídico.
onsejero electoral del INE
