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El Registro Federal de Electores (RFE) es una de las instituciones más exitosas de las últimas décadas. En un periodo relativamente corto logró dejar atrás un problema endémico que había aquejado a México desde su nacimiento como nación independiente: la falta de una lista de electores exacta y sin sesgos que garantizara el principio de un ciudadano un voto. Antes de la creación del RFE en 1990, las elecciones solían organizarse con padrones que excluían a grandes segmentos de la población, que contenían datos viejos y que permitían registros duplicados.
Las medidas fundadoras del moderno Registro Federal de Electores fueron la Credencial para Votar con fotografía y su uso como medio de identificación personal, adoptadas en 1992. Esto generó un incentivo eficaz para que los ciudadanos empezaran acudir de forma voluntaria a los módulos de atención ciudadana del INE (antes IFE) a inscribirse en el padrón electoral y cambiar de credencial cuando cambiaban de domicilio. Otras que han fortalecido al RFE son la introducción del sistema de identificación automatizada de huellas dactilares en 2002 y el límite a la vigencia de la credencial para votar de 10 años en 2008. El primero ha servido para abatir el problema de registros duplicados y el segundo para depurar registros viejos e incrementar la actualización del padrón.
Desde su nacimiento, la vigilancia de los partidos políticos ha sido parte del Registro Federal de Electores. Para ello, la ley dispuso que los partidos tendrían acceso permanente a los datos del padrón y además ordenó a la autoridad electoral entregarles por medio magnético la lista nominal de electores que se utilizará en cada elección, es decir, un corte del padrón que incluye sólo a aquellos ciudadanos que tienen una credencial para votar vigente.
Desde un principio, el IFE (hoy INE) siguió una política de apertura y entrega irrestricta de los datos del listado ciudadano, con un propósito: construir confianza y credibilidad en el principal instrumento para la organización de las elecciones. Así, se entregaba a los partidos los discos con la base de datos del padrón cada vez que lo solicitaban y de las listas de electores cada vez que había proceso electoral. Los partidos se llevaban toda la información a sus oficinas para analizarla y formular observaciones. De la revisión realizada se han aplicado medidas y operativos que permiten la corrección de errores e irregularidades.
Sin embargo, la forma en que se realiza esta vigilancia debe adaptarse a los cambios que han ocurrido con el tiempo. A partir de 2010 se elevó a rango constitucional el derecho a la protección de datos personales que los ciudadanos inscritos en el padrón electoral confían al Registro Federal de Electores. Desde entonces, el INE debe ser más cuidadoso en lo que entrega a los partidos. Asimismo, el uso generalizado del internet y las nuevas tecnologías de información, con todas sus ventajas, también representan una amenaza a la confidencialidad de los datos del padrón. Los últimos escándalos de filtración del listado nominal están relacionados con su exposición en sitios de internet.
Por ello era necesario reformar el esquema con que los partidos realizan su trabajo de vigilancia. Con los lineamientos aprobados en la sesión de ayer del Consejo General, cambió la política de entrega irrestricta de los datos del padrón por otra de acceso permanente. Los partidos seguirán haciendo sus revisiones y estudios, pero ahora dentro del centro de cómputo que se ha montado para ellos. Con esta modificación se busca que la vigilancia del listado ciudadano se lleve a cabo sin necesidad que la base de datos salga del INE. Así se protege su confidencialidad, al mismo tiempo que se preserva el mecanismo de construcción de confianza previsto en la ley.
Consejero electoral del INE
