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El segundo aniversario del Instituto Nacional Electoral (INE) coincide con el inicio de las campañas en varios de los 14 estados que tendrán elecciones el próximo domingo 5 de junio. Antes de la reforma político-electoral que dio lugar al nacimiento del INE, la organización de los procesos electorales para renovar gubernaturas, legislaturas estatales y ayuntamientos era un asunto que quedaba en manos de autoridades electorales locales. Operaba un régimen de clara separación entre los ámbitos federal y local, tanto en la esfera de sus competencias como la de sus responsabilidades.
La creación del INE en 2014 introdujo un sistema de atribuciones compartidas en la organización de elecciones locales. Se mantuvieron los institutos electorales de los estados, ahora denominados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), pero al mismo tiempo se transformó al antiguo IFE en una autoridad “nacional”. Para ello se amplió su potestad en tres aspectos.
En primer lugar, el nuevo INE asumió atribuciones directas en los procesos electorales locales en tres áreas: integración de las mesas directivas de casilla, la fiscalización de los recursos empleados en las precampañas y campañas, y la elaboración de las listas de votantes, incluyendo las demarcaciones de los distritos electorales locales. En segundo lugar, se depositó en él la competencia para nombrar y remover a los consejeros electorales de los OPLEs, incluyendo a sus presidentes. En tercer lugar, se le otorgaron diversas facultades para reglamentar la forma en que los OPLEs ejercen sus propias competencias.
El propósito de la reforma político-electoral que creó al INE fue llevar a todas las elecciones locales los estándares de administración electoral que ya prevalecían en las que organizaba el IFE. Se buscó establecer las mismas condiciones de equidad en las contiendas electorales en todos los estados, así como homogeneizar las garantías para la celebración de votaciones libres y justas.
Los críticos de la reforma sostuvieron que la mejor manera de conseguir sus objetivos era mediante la completa nacionalización de las elecciones estatales. Advirtieron que mantener a las autoridades electorales de los estados tenía más desventajas que ventajas. Observaron en particular que la coexistencia de una autoridad nacional con instancias estatales generaría problemas de coordinación y duplicidad de costos en la organización de los comicios locales. Señalaron además que unos OPLEs nombrados por el INE, pero con presupuestos aprobados por legislaturas de las entidades, verían limitada su autonomía y su capacidad para adoptar los estándares de administración electoral que prevalecen en elecciones federales.
En dos años de existencia, el nuevo sistema electoral ha avanzado con mayor contundencia en áreas en las que tiene atribuciones. Se ha nombrado a los consejeros electorales mediante un método esencialmente meritocrático. Se integran mesas directivas de casilla siguiendo los procedimientos rigurosos de la estrategia de capacitación del INE. También se ha completado la redistritación de todos los estados que tienen elecciones este año, algunos de las cuales tenían una desactualización significativa. Además, mientras que en la mayoría de los casos los recursos de las campañas estatales no se revisaban, el INE ha fiscalizado todas las campañas locales con estándares y reglas homogéneos.
Pero muchos de los problemas planteados por críticos de la reforma de 2014 persisten. El desafío del INE consiste en hacerles frente con los instrumentos que los legisladores le otorgaron. Tiene por delante afinar la coordinación con los OPLEs y eliminar duplicidades, así como apresurar la adopción de “mejores prácticas” —como la celebración de debates, los observatorios de medios y la comunicación expedita de resultados— en la organización de elecciones locales en aquellos estados que aún se encuentran rezagados.
Consejero electoral del INE
