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Mario Di Constanzo, director de la Condusef, ha venido alertando a la opinión pública sobre el problema de robo de identidad. Las quejas que los usuarios de servicios financieros presentan por este motivo muestran un crecimiento preocupante, al igual que los montos involucrados. Su campaña de concientización tuvo ya su primer resultado. Convocadas por la Secretaría de Hacienda, diversas instituciones públicas —incluido el INE— y la Asociación de Bancos de México (ABM) suscribieron el pasado 18 de febrero las Bases de Colaboración para Combatir el Robo de Identidad.
En la ceremonia de firma del convenio, el presidente de la ABM, Luis Miaja, en representación de los prestadores de servicios financieros, reconoció la pertinencia de las medidas anunciadas. Sin embargo, advirtió que “la manera definitiva de vencer el robo de identidad es la implementación en México de la cédula de identidad con registros biométricos”. Más tarde, en la Convención Nacional Bancaria hizo otro llamado a la emisión de un nuevo documento con esas características tecnológicas. Dijo además que esta medida permitiría reducir las tasas de interés que los bancos cobran a sus clientes.
La posición del presidente de la ABM es motivo de extrañeza. Más de 90% de los usuarios de los servicios financieros utilizan la credencial para votar al realizar trámites bancarios. La validez legal del documento como medio de identificación está prevista en un artículo transitorio de la Ley General de Población. Más aún, la mica de elector es un instrumento de identificación con registros biométricos.
Desde 2001, el INE empezó a recolectar las huellas dactilares digitalizadas de las personas a las que expide una credencial para votar. Hasta 2012, recolectaba las huellas de los dedos índices de ambas manos. A partir de este año, cuando los sensores digitales y los motores de búsqueda se volvieron más accesibles, empezó con el registro de decadactilares (las huellas de los cinco dedos de ambas manos).
Hoy en día, la totalidad de las credenciales vigentes está amparada por un registro que incluye no sólo la imagen digitalizada del rostro, sino también de las huellas dactilares de los dos dedos índices. La captura de decadactilares cubre ya la mitad de los 83 millones de registros y en los próximos cuatro años llegará al 100%.
Como parte de las Bases de Colaboración para Combatir el Robo de Identidad, el INE pondrá a disposición de los bancos el Servicio de Verificación de Datos de la Credencial para Votar. Dicho sistema les permitirá verificar y autenticar la identidad de sus clientes en línea y tiempo real. Esta certificación habilitará a las entidades financieras para cotejar que los datos de la credencial coincidan con los del Registro Federal de Electores y así impedir que se realicen trámites con identidades falsas o distintas a las registradas ante el INE. La autenticación mediante el cotejo de huellas dactilares les dará a los bancos la capacidad de asegurarse que quien porta la credencial sea la misma persona que realizó el trámite ante el INE y de esta forma evitar la suplantación de identidad.
Pero para que los usuarios de los servicios financieros queden protegidos con este servicio se necesita que los bancos lo utilicen. Por ello sorprende que cuando las instituciones públicas ponen a la mano una solución efectiva al problema del robo de identidad, basada en el uso de biométricos, el presidente de la ABM llame a construir una solución “definitiva” que tardaría años en implementarse y que implicaría un enorme costo para el erario público. Esta posición denota cierta complacencia con el statu quo, pues al final del día son los clientes de la banca quienes absorben el riesgo crediticio pagando tasas de interés más altas.
Consejero electoral del INE
