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El robo de identidad es en la actualidad un crimen de alto impacto. Según cifras de la Condusef, significa el 68 por ciento de los delitos cibernéticos en el país. Ante ello, se impone la urgencia de garantizar plenamente el derecho a la identidad de los mexicanos, lo cual significa no sólo proporcionarles un documento de identificación personal, sino también los medios para validar y autenticar la identidad.
Actualmente, la credencial para votar emitida por el INE es el principal instrumento por el que el Estado garantiza el derecho a la identidad de los mexicanos. Su validez legal como medio de identificación descansa en un ar-tículo transitorio de la Ley General de Población que data de 1992 y que establece que, en tanto no se emita la Cédula de Identidad Ciudadana, se podrá utilizar para este fin.
Lo transitorio se ha vuelto permanente. Con el paso del tiempo la credencial para votar se ha consolidado como el documento de identificación personal más accesible, seguro y utilizado en México. 84.3 millones de ciudadanos —93 % de la población mayor de edad— tiene una credencial para votar vigente.
Por ello, las cifras publicadas por la Condusef sobre el robo de identidad —129 mil reclamaciones por este delito registradas en los últimos cuatro años— plantean un reto para el INE y los usuarios institucionales de la credencial para votar como medio de identificación. ¿Qué hacer ante el crecimiento del uso fraudulento de documentos de identidad falsos?
Tradicionalmente, el INE (antes IFE) ha venido tomando medidas para inhibir la falsificación de las credenciales de elector. Para ello ha introducido dispositivos de seguridad en el plástico mismo que facilitan la identificación de credenciales falsas, tales como microimpresiones, sellos de agua y hologramas.
Sin embargo, ningún documento en sí mismo es infalsificable. Sin una cultura de validación de la identidad y los medios para llevarla a cabo de forma expedita, todo medio de identificación es vulnerable. Por ello, la clave para la seguridad ha dejado de estar en los documentos de identificación mismos, y ha pasado al uso de las bases de datos para la validación y la autenticación de la identidad.
De acuerdo con esta tendencia internacional, el INE ha empezado a promover, mediante la firma de convenios con instituciones públicas y privadas, el uso de los datos bajo resguardo del Registro Federal de Electores (RFE) para prevenir el fraude de identidad. A través de internet, los usuarios institucionales de la credencial para votar como medio de identificación podrán realizar dos tipos de procedimientos: a) validación de los datos visibles de la credencial, y 2) autenticación de la identidad mediante el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS). El primero permitirá comprobar que los datos coinciden con los del RFE y el segundo verificar que la persona que se identifica es la misma que hizo el trámite ante el INE.
El uso de estos procedimientos permitirá acreditar fehacientemente la identidad de las personas, sin que implique la transferencia de datos personales. Los convenios aseguran también que toda consulta realizada por las instituciones usuarias tiene el consentimiento del ciudadano, que es el titular de sus datos personales.
La credencial para votar es una garantía real y efectiva del derecho a la identidad de los mexicanos. El INE tiene la obligación de fortalecerla y promover su uso como medio de identificación. La ley, sin embargo, va por detrás de la realidad. Esperemos que pronto se actualice y reconozca lo que todo mundo sabe: que la credencial para votar es la cédula de identidad de los mexicanos.
Consejero electoral del INE
