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Uno de los avances democráticos más importantes de la reforma electoral reciente es la incorporación de los candidatos independientes al panorama electoral; el ciudadano no debe ser postulado por un partido para aparecer en la boleta.
Sin embargo, los límites al uso del dinero para estos candidatos podrían generar condiciones de inequidad en su perjuicio.
La regulación contiene en su centro una contradicción: el financiamiento público que se le otorga a los candidatos independientes se determina según un método único en todo el país mientras que los topes de gastos de campaña se definen a partir de cálculos distintos en cada legislación local.
Estas reglas llevan, en algunos casos, y notablemente para los candidatos a gobernadores, a que reciban montos de financiamiento público muy bajos en comparación con los topes de gastos de campaña fijados para esos cargos. A esta situación ya complicada se suma la poca claridad en la regulación en torno a los límites de aportaciones privadas que pueden recibir estos candidatos.
Los candidatos independientes a nivel federal, así como por cada entidad, reciben un monto de financiamiento público equivalente al de un partido de reciente creación. A los partidos nuevos se le asigna 2% del monto de financiamiento que recibe la totalidad de los partidos para los gastos de campaña.
En el ámbito federal, este 2% de financiamiento equivale a 23.5 millones de pesos. Como sólo se registraron 22 candidatos a diputados, el monto de financiamiento de cada candidato a nivel federal equivale a 1.1 millones de pesos. Es decir, reciben el equivalente a 85% del tope de gastos para candidatos a diputados federales que es de aproximadamente 1.12 millones. Además, el Consejo General del INE aprobó un límite de financiamiento privado de estos candidatos de 10% del tope involucrado, lo cual los deja a 68 mil pesos del tope máximo que puede gastar un candidato postulado. Claramente estas reglas no generan inequidad.
Las mismas reglas aplicadas al caso de la campaña a gobernador de Nuevo León producen un escenario totalmente distinto.
Siguiendo el método de distribución de financiamiento público, el candidato independiente a gobernador de Nuevo León recibió sólo 383 mil pesos. Pero el tope de gastos para aspirantes a este cargo es de prácticamente 50 millones. Es decir, aquel candidato ha recibido menos de un 1% del tope de gastos.
Si los Organismos Públicos Locales no se pronuncian con claridad respecto del monto de financiamiento privado que pueden recibir los candidatos independientes o si fijan límites a estas aportaciones demasiado estrictos, se estará imponiendo, desde la regulación, un límite a un derecho político. Mediante el financiamiento privado, los candidatos independientes podrían reducir la distancia entre el monto de financiamiento público y el límite de gastos que pueden ejercer.
Consejero del Instituto Nacional Electoral
