En datos de Coneval, entre 2012 y 2014 la cifra de pobres en México se incrementó en 2 millones, al pasar de 53.3 a 55.3 millones de personas en condición de pobreza. El aumento amerita una explicación de por qué este país no puede abatir la pobreza. Dicha explicación nunca la hemos escuchado. La pobreza en México es el resultado de un régimen político corrupto que no le sirve a la gente.
En 2016, según un reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, los recursos en los ramos sociales como Salud, Desarrollo Social y Agricultura, se subejercieron en 16 mil millones de pesos y al mismo tiempo Gobernación, Hacienda y la Presidencia de la República aumentaron su presupuesto de gasto corriente. El mayor subejercicio está en los comedores comunitarios, 3x1 migrantes, Seguro Popular, Prospera y la Pensión de Adultos Mayores. Justo los programas que tienen padrones menos manipulables.
La OCDE ha señalado una y otra vez que el gasto social en México es muy bajo para salir de la pobreza y que es necesario aumentar los recursos, pero también rediseñar los programas sociales para quitarles la descresionalidad y manipulación electoral.
Sin embargo, el gobierno federal poco caso hace de las recomendaciones internacionales, en la práctica arcaica priísta los mexicanos no tienen derechos sociales y la condición de vulnerabilidad los convierte en un mercado político.
La falta de resultados en el combate a la pobreza es causal: la ineficiencia y la corrupción son el obstáculo para que las políticas sociales den resultados. Los recursos que ejercen la Federación y los estados tienen un destino incierto en manos de funcionarios irresponsables que los canalizan a las campañas políticas, como quedó demostrado en el reciente proceso electoral en Nayarit y el Estado de México, o son malgastados a favor de negocios personales, como lo hizo Duarte en Veracruz. Desde el poder es aprovechada la discrecionalidad en el ejercicio presupuestal y la mala rendición de cuentas; la protección de los congresos y auditorías locales; la anomia social y la disfuncionalidad de los órganos autónomos.
Más allá de las consideraciones teóricas en torno a la pobreza, no debemos perder de vista el drama que viven diariamente millones de familias al no tener condiciones para llevar alimentos a la mesa, la desesperación de no tener acceso a la salud o a empleo, la frustración de muchos jóvenes que ante el bombardeo de un modelo consumista son arrojados a incursionar en la delincuencia organizada, aunque signifique una vida de muerte.
Gabriel Zaid, en El Progreso Improductivo, hizo en 1979 una crítica a la forma en que se orientaba el presupuesto y la acción de gobierno hacia las clases más desprotegidas. Advertía que no habría resultados para los destinatarios, y los beneficiarios serían un minoría privilegiada. No se equivocó, nadie lo escuchó.
Hoy tenemos que repensar la política social del país: hay que aumentar los recursos presupuestales, transitar hacia padrones únicos y la compactación y universalización de programas sociales a fin de quitar la discrecionalidad que se presta al uso electoral.
México ya no aguanta que se lucre con la pobreza; lo que procede es que se resuelva. Si queremos salir de la desigualdad, el cambio es necesario, hay que hacer las cosas de otra manera. Cualquier programa electoral en 2018 debe tener como compromiso fundamental un cambio de régimen y una estrategia seria de combate a la pobreza.
Secretaria general del PRD. @BeatrizMojica
