El 60 por ciento de las agresiones a periodistas y luchadores sociales se generan desde los círculos del poder político, sobre todo local, revela un estudio realizado por el grupo de trabajo de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación. A pesar de que se han creado instituciones para atender el tema, la situación sigue igual o peor, ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión han sido presentadas 798 denuncias de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016; de las cuales se obtuvieron sólo dos sentencias condenatorias. Los periodistas y luchadores sociales están entre el espionaje y las balas.
La libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, antes que ser considerados factores que propician una mejor vida democrática y desarrollo para el país, para los intereses de una minoría expoliadora de la riqueza de México, son un obstáculo. Por ello desde el gobierno en lugar de velar por la seguridad ciudadana, se espía a periodistas y defensores de derechos humanos, se les intimida y agrede. CNDH contabiliza 25 asesinatos de defensores civiles, ocurridos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015, en tanto que Artículo 19 lleva un conteo de 106 periodistas asesinados de 2000 a la fecha.
El informe Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos revela que el gobierno mexicano espió entre enero de 2015 y julio de 2016 a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas a través del software “Pegasus”, programa usado para investigar a criminales y terroristas, vaya despropósito.
Hace unos días, presentamos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) nuestra preocupación sobre el asunto de las agresiones a periodistas y luchadores sociales y otros grandes pendientes en la agenda de derechos en nuestro país, como es la exclusión de grupos sociales y retrocesos en el sistema electoral.
En México no se aceptan las recomendaciones de los organismos internacionales cuando se trata de derechos humanos, o se simula hacerlo; los informes que da el gobierno federal a los organismos internacionales omiten muchas realidades, las muertes y agresiones de periodistas y luchadores sociales son vinculadas con el crimen organizado y de esa forma no son investigadas.
Por eso ha sido importante la presencia de la OEA en México, cuyo secretario general, Luis Almagro, conoció también la deuda que tiene el país con las minorías; uno de ellos, el reconocimiento de los afrodescendientes. La comunidad de afromexicanos, de la que yo soy parte, es invisible para el país, no está reconocida constitucionalmente, y por ello carece de políticas públicas que ayuden a su desarrollo, son víctimas de segregación y hay instituciones que les piden asumirse como indígenas para poder acceder a algún programa gubernamental.
La OEA aprobó su plan de acción para avanzar en los derechos de las personas afrodescendientes en tres rubros: el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Es urgente que México reconozca su tercera raíz en la Constitución para generar políticas públicas incluyentes, abatir el racismo y generar mejores niveles de desarrollo.
Mientras minorías como los afromexicanos, no obtengan el reconocimiento de sus derechos; mientras periodistas y luchadores sociales sean considerados enemigos, el gobierno mexicano tiene muchas deudas que saldar con el pueblo.
Secretaria General del PRD.
@Beatriz_Mojica
