Si México quiere crecer, necesita romper el status quo de minorías gobernantes corruptas que le apuestan a que nada cambie. Porque para conservar sus privilegios, necesitan actuar de manera impune, así como pretende Roberto Sandoval en Nayarit.
Hace unos días el PRD y el PAN interpusieron una denuncia en contra del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por el uso de un programa social, PROSA, con fines electorales, y presentaron una grabación en la que el gobernador da instrucciones a su gabinete para hacer uso de dicho programa en las elecciones del 4 de junio. Atendiendo la denuncia, la Fepade, solicitó información al gobierno de Nayarit y en un hecho inédito en el país, el gobernador solicitó un amparo para eludir proporcionar información sobre dicho programa y su uso a favor del candidato del PRI, Manuel Cota.
El juicio de amparo se basa en la idea de la limitación del poder y el respeto al marco constitucional, sin embargo, la clase política priísta ha encontrado en este derecho, una puerta para la impunidad. Es absurdo que el gobernador demande al Poder Judicial omnipotencia e impunidad, cuando él es depositario del Poder Ejecutivo estatal y juramentó cumplir las leyes.
El juez que lleva la causa debe valorar en la exacta dimensión el precedente que significaría otorgar la protección que solicita el mandatario nayarita. Si se lo otorga el amparo, se contribuirá a la obstrucción de una investigación sobre la que hay elementos fundados de la desviación de recursos públicos con fines electorales.
Los gobernadores deberían poner el ejemplo en torno al respeto de las leyes, sin embargo, la decisión de Roberto Sandoval llega al extremo de desafiar el sistema jurídico del país.
El reloj de los priístas camina en sentido contrario a la historia, dado que hoy la discusión estriba en poner mayores controles constitucionales al poder, retirar el fuero constitucional en todos los ámbitos y revocar mandatos. Ex gobernadores del PRI como César Duarte, de Chihuahua; Rodrigo Medina, de Nuevo León; Jorge Herrera, de Durango, así como medio centenar de funcionarios de diversos gobiernos, encontraron en el amparo una bocanada de impunidad y de extensión del fuero.
Existe una asociación directa entre la impunidad y la corrupción, pero también la impunidad influye drásticamente en los niveles de pobreza que vive nuestro país, sobre todo porque propicia la mala distribución del ingreso y el aumento de la violencia.
Recientemente participé en la mesa de trabajo “Propuestas para Combatir la Corrupción y la Impunidad en México”, en donde el Centro de Estudios sobre la Impunidad y Justicia de la UDLAP nos presentó el Índice Global de Impunidad México; llama la atención que una de las propuestas es justamente abandonar el miedo de fortalecer el Estado de Derecho, porque si no empezamos por hacer valer la ley sin excepciones, no podríamos transitar hacia una sociedad de derechos, ni pensar en abatir la brecha de la desigualdad o recuperar la tranquilidad en nuestras calles.
En nuestro país sólo 7 de cada 100 delitos son denunciados, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Según el Índice Global de Impunidad ocupamos el lugar 58 de 59 países que son medidos. La principal razón es que desde el Estado mexicano, se incentivan prácticas que propician impunidad. El Poder Judicial no debería permitir al gobernador de Nayarit engrosar la estadística de la impunidad.
Secretaria general del PRD. @Beatriz_Mojica
