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La denuncia de niños que recibieron agua destilada en lugar de su tratamiento contra el cáncer, en uno de los tantos negocios ilícitos del ex gobernador Javier Duarte, revela la terrible indefensión de familias que acudieron a los hospitales públicos en esa entidad, y deben de alertar para establecer mecanismos de supervisión en la práctica médica y auditoría a las adquisiciones en los sistemas de salud.
Otro ejemplo ocurre en Guerrero: Carlos Mateo fue llevado durante tres meses al hospital de cancerología en Acapulco para atenderlo, su salud mejoraba. Hubo un cambio de medicamento y falleció después de dolorosa agonía. El certificado de defunción señaló intoxicación por Methotrexate.
Todos los días ocurren historias de dolor y zozobra que enfrentan familias mexicanas por fallas en los sistemas de salud, que tienen como origen la ineficiencia, negligencia y muchas veces corrupción de los gobiernos.
Las bolsas multimillonarias en la adquisición de medicamentos e instrumental médico generan una trama de intereses donde se realizan compras fraudulentas, se desvían presupuestos, ocurren robos de medicamentos; todo ello reduce la capacidad de atención en hospitales y clínicas.
En la Guía Práctica de Compras Públicas que elaboró el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), recomienda dar a conocer el padrón de proveedores; la normatividad de compras públicas y las convocatorias con sus bases. Sin embargo la opacidad sobre el ejercicio presupuestal se impone.
Por ejemplo, la Secretaría de Salud de Guerrero no da a conocer la información que le mandata la ley de transparencia estatal, y no se sabe cómo ejercen los 5 mil 375 millones 772 mil pesos presupuestados para 2017.
En contraparte, están documentados reclamos de enfermeras y personal médico del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón por las carencias en que laboran; muertes maternas por falta de medicamentos; contagios de bebés en el Hospital de la Madre y del Niño y el terrible fallecimiento de menores en el Instituto Estatal de Cancerología (Iecan).
En este último caso, es ejemplar la lucha por conocer la verdad que emprendieron Jesús y Heydi, padres de Carlos Mateo. Ambos han acudido a diversas instancias gubernamentales para encontrar las causas del fallecimiento de su primogénito. Su lucha no es fácil pero enfrentan con determinación los obstáculos que oponen las autoridades estatales, como es la inacción de la Fiscalía General del Estado, el mutilamiento de expedientes por parte de la administración del Iecan, así como recurrentes visitas a dependencias federales.
Carlos Mateo y otros menores fallecieron luego de la sustitución de un medicamento de patente por un genérico. El descubrimiento de reportes oficiales en el Iecan motivó la investigación de las condiciones en que se realizó el cambio de proveedor y mantiene a esta joven pareja en busca de la verdad, para que no ocurran tragedias similares. Otras víctimas en Guerrero guardan silencio.
El gobernador de Guerrero en lugar de responder a lo que pasa en los hospitales se escuda bajo el argumento de que “hay intereses políticos” detrás de la denuncia.
El acceso a la información debe servir realmente para combatir cualquier indicio de corrupción; para ello, los organismos públicos tienen que cumplir con sus obligaciones, los organismos de transparencia deben aplicarse con energía y los ciudadanos ejercer sus derechos.
Secretaria general del PRD
