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Rosa Pérez llegó al palacio municipal de San Pedro Chenalhó como presidenta municipal, en 2015. Había vencido la barrera de las urnas, no imaginaba que no serían suficientes las leyes y la voluntad ciudadana para ejercer su cargo, porque un grupo encabezado por hombres de poder en su municipio argumentó que una mujer no debe gobernarlos, y mediante usos y costumbres intentaron revocar su mandato. Pese a que desde el 17 de agosto de 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que podía recuperar al cargo que ganó en las urnas, fue hasta el 15 de marzo de este año que la alcaldesa regresó al palacio municipal. El asunto es que la dejen gobernar.
Aunque otros casos no han llegado a los tribunales, el tema de no querer dejar gobernar plenamente a las mujeres en las alcaldías es recurrente. Alguna vez escuche a un síndico, en un municipio de Oaxaca, afirmar: la presidenta ya tiene el cargo, pero yo tengo el cabildo y ella debe hacer lo que digamos nosotros. Desde esta visión, no basta que el texto constitucional plasme el derecho de las mujeres a la paridad en el acceso al poder político: aún falta vencer resistencias, discriminación y violencia política de género. Tenemos que pasar del derecho a los hechos, en donde el avance de las mujeres no sea visto como una amenaza de desplazamiento de poder para los hombres, sino como un avance en el desarrollo integral del país.
La evolución del sistema político mexicano ha sido lenta. Tuvieron que pasar 36 años de haber sido promulgada la Constitución de 1917 para que le fuera reconocido a la mujer el derecho a votar y ser votada, el 17 octubre de 1953. En 2002 se obligó a los partidos a establecer una proporción 30-70 por ciento de candidaturas para mujeres y hombres; en 2008 la proporción subió a 40-60, hasta llegar a la reforma de 2013 al artículo 41 constitucional, donde se mandata la paridad.
Al andar se hace camino: entre 2014 y 2016 casi se duplicó el número de presidentas municipales en el país; por primera vez las alcaldesas de México superaron el 10 por ciento de los 2 mil 462 presidentes municipales y jefes delegacionales del país, refiere la revista Alcaldes de México en su edición de marzo.
Oaxaca es la entidad con el mayor número de presidentas municipales, con 59; le sigue Chiapas con 32; Chihuahua con 25; Veracruz con 25; Guerrero con 20 y Estado de México con 20. En Coahuila, un estado gobernado por el PRI y donde la alternancia política no ha llegado, sólo una mujer ejerce el cargo de presidenta municipal.
Es una paradoja que siendo las mujeres la mitad del país, seamos excluidas en la práctica de los espacios donde se toman las decisiones. Si la representación política es una de las columnas en que se erige un sistema democrático, una revisión al número de gubernaturas, senadurías, diputaciones y alcaldías en manos de mujeres revela que, pese a los avances, la lucha no ha concluido.
Las mujeres en el poder tienen como una de sus tareas, ampliar el camino para otras mujeres, pero sobre todo demostrar que otra forma del ejercicio de la administración pública es viable. Que se pueden diseñar políticas públicas y legislativas de combate a la corrupción, la impunidad, la violencia y la pobreza más eficaces.
En un país que se encuentra decepcionado de los políticos, resulta relevante que las mujeres nos propongamos como compromiso la reivindicación de la política. En el ejercicio del poder al servicio de la gente, las mujeres debemos demostrar que sí podemos hacer las cosas de otra manera.
Secretaria general del PRD.
@Beatriz_Mojica
