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En los últimos años, la sociedad ha tomado conciencia de los altos costos que paga México por la corrupción. Según la OCDE, anualmente escapan 300 mil millones de pesos por las rendijas de la corrupción. En términos prácticos esto sería un poco más de lo que Hacienda recaudará con el gasolinazo, 250 mil millones de pesos.
Si ya sabemos el costo, sabemos la magnitud del problema y sus implicaciones para el desarrollo del país, tiene sentido que en el diseño de políticas públicas anticorrupción se fijen metas a corto, mediano y largo plazo, que se establezcan también metas para recuperar las cuantiosas pérdidas de recursos públicos que engrosan las cuentas bancarias de funcionarios corruptos.
Por ello, el Sistema Nacional Anticorrupción debe generar acciones encaminadas a que la transparencia y la rendición de cuentas sirvan para abatir los niveles de pobreza en nuestro país, porque esta problemática tiene como origen justamente la corrupción y la impunidad.
La transparencia y rendición de cuentas son prácticas que aún no toman carta de naturalización en la sociedad civil ni en la sociedad política y que tomarán su tiempo, lo que esperamos los ciudadanos es que los esfuerzos no se queden solamente en buenas intenciones y que sean seriamente aprovechados para impulsar buenas prácticas de gobierno, vigilar la aplicación de manera efectiva de los presupuestos hacia el desarrollo económico y social, lo cual permitiría escribir una historia diferente para el país.
Se han creado órganos autónomos para moderar los excesos del poder, el IFE, INE, CNDH, Función Pública, Inai. Es cierto que en estos años y a través de estas instituciones se han corregido fallas; pero no es suficiente: México sigue con altos índices de desigualdad, corrupción e impunidad y la irritación social se desborda hacia las calles.
Por ello, no tendrá sentido el Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción si no se toma con la seriedad necesaria para dar resultados en el corto plazo.
Se acaba de nombrar un Comité de Participación Ciudadana, con personajes de buena trayectoria, expertos en transparencia y rendición de cuentas, eso genera la esperanza de que podemos ir a fondo en la revisión de las tuberías de la administración pública para abatir la corrupción.
Pero hay que poner atención al revisar la prevalencia de instituciones del “Sistema” en el Comité Coordinador que conducirá el Sistema Nacional Anticorrupción. Los representantes ciudadanos son minoría frente a sus pares. Incluso, hay que decir que, bajo el esquema en que han operados en los últimos años la Secretaría de la Función Pública y el Consejo de la Judicatura, dos de los integrantes del Comité Coordinador, por sus antecedentes, generan dudas sobre cómo actuarán ahora.
Los ejemplos de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, mostraron la ruta del saqueo. Congresos locales a modo, organismos fiscalizadores bajo el control de los gobernadores, y una sociedad civil que no exige cuentas hicieron posible los excesos en estas entidades.
La puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción es un proceso que va a tardar, pero que es urgente y necesario; el peor error sería burocratizar los esfuerzos.
Frente a la crisis, el país tiene la oportunidad de salir adelante en el combate a la corrupción y la impunidad. Este es el momento en el que se abre la oportunidad para detener la sangría del erario público y aplicar castigos ejemplares a quienes atenten contra el desarrollo del país y esto debe ser una prioridad nacional.
Secretaria general del PRD
@Beatriz_Mojica
