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¿Cómo explicar a los enfermos que no hay medicinas en las clínicas, a los jóvenes que no hay becas, a los servidores públicos que no hay salarios porque su gobernador se robó los recursos destinados para ello? ¿Cómo explicar que a pesar de las denuncias, las autoridades no hicieron nada por detener a los saqueadores? ¿Cómo explicar la existencia de gobernadores como Duarte, Padrés y Borge, entre otros, si no es con complicidades del más alto nivel del poder federal?
Los sistemas de rendición de cuentas en estados y municipios del país no funcionan por la existencia de círculos viciosos y redes de complicidad que garantizan la impunidad, en los que participan diferentes actores del ámbito político del Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
En los últimos tres años la Auditoría Superior de la Federación ha interpuesto 270 denuncias penales por irregularidades graves en el manejo de los recursos federales, y se han topado con omisiones cómplices de la Procuraduría General de la República y sus pares locales, que paralizan o desvirtúan los procedimientos para perseguir y sancionar a los responsables.
La corrupción lacera a México, y en lugar de atender y corregir los problemas, se ha buscado perpetuarlos designando personajes afines a los gobernadores en los órganos de fiscalización superior, colocando a legisladores leales en los puestos claves de los congresos, a jueces cercanos en el Poder Judicial y fiscales a modo.
Los señalamientos de corrupción alcanzan a gobernantes de todos los partidos políticos, pero el ejemplo de Veracruz ha exhibido el saqueo sistemático del erario público y una amplia red de complicidades, porque los contrapesos institucionales han sido capturados por los saqueadores e integrados para dejar hacer y dejan pasar.
Las denuncias y observaciones de la ASF resultan esfuerzos vanos cuando las autoridades se niegan a actuar y perseguir a los responsables. La opacidad con que se ejercen los recursos, el desvió del presupuesto a obras inexistentes, a empresas fantasmas creadas ex profeso para triangular operaciones y adueñarse de los recursos.
Es clave el papel que juegan la Secretaría de Hacienda federal, las Legislaturas locales y los órganos de fiscalización superior en la revisión de las cuentas públicas. Algo muy turbio ocurre ahí, que permite casos tan graves como los de Veracruz, Sonora, Quintana Roo y Chihuahua, por señalar los casos que dominan la prensa hoy en día, porque los desfalcos han sido de tal magnitud que resulta imposible no advertir lo que ha estado pasando.
Las denuncias interpuestas por la ASF contra los estados documentan simulación de reintegros, retención de recursos destinado a municipios, pago a empresas fantasmas, entre otros, pero de nada sirve develar los excesos de los funcionarios si permanecen impunes, con y sin fuero, y lo peor es que en muchos casos siguen manejando recursos, calificando cuentas públicas y en algunos casos impartiendo justicia.
Evidenciar la corrupción no es suficiente, ni integrar expedientes de casos selectivos contra algunos personajes y no contra todos los involucrados y demás beneficiarios de la corrupción, como lo ha estado haciendo el gobierno federal en los casos de Veracruz y Sonora. Por ello, es urgente y necesaria la integración del Sistema Nacional Anticorrupción y, a nivel local, la integración de órganos de fiscalización con la suficiente independencia de los Congresos estatales, así como fiscalías independientes y profesionales.
Secretaria general del PRD.
@Beatriz_Mojica
