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A la par de la construcción de nuevas instituciones que buscan inaugurar una nueva etapa en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, los escándalos por actos de corrupción sin castigo son la constante.
Las iniciativas de Gobierno Abierto, 3de3, la eliminación del Fuero Constitucional y la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, impulsadas por diferentes actores políticos y sociales, intentan cambiar las reglas del juego para un gobierno que en verdad rinda cuentas.
Los mayores obstáculos los sigue poniendo el gobierno: El proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, presentado por el Ejecutivo, no incluyó recursos para el Sistema Anticorrupción que tanto pregona. Palabras no son obras.
La plaga que corroe a México toma carta de naturalidad en las estructuras de gobierno como subcultura del abuso, corrupción e impunidad, que propician una gran brecha de desigualdad en el país.
La corrupción no es un asunto cultural, como dice Peña Nieto, es un problema estructural que no ha sido atendido. Se requiere observancia de la ley, equilibrio de poderes en las entidades, aplicación de mecanismos de control, superar la anomia social y medios de comunicación comprometidos con la ciudadanía.
En el libro ¿Por qué fracasan los Países?, Acemoglu y Robinson, inician su análisis comparando los dos Nogales (Arizona y Sonora), que pese a compartir geografía, historia, cultura, su grado de desarrollo es contrastante. Ellos concluyen que son los líderes de cada país los que determinan con sus decisiones la prosperidad o la desgracia de su territorio.
Decisiones de élites políticas rapaces, altamente extractivas, como las del Estado de México, Veracruz, Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua entre otras, que articularon redes de corrupción para saquear el erario público y extraer la riqueza de su territorio a costa del desarrollo y la pobreza de la población.
La tradición de la clase política han sido los pactos de impunidad y cubrirse las espaldas. Los excesos son inadmisibles, incluso para ellos, y se evidencia cuando hay alternancia democrática.
Según los datos de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), en una comparación entre Estados Unidos y México sobre gobernadores acusados de corrupción entre 2000-2013, en ese periodo en EU nueve fueron acusados, procesados y detenidos; en México 41 fueron acusados, 16 fueron investigados y sólo cuatro fueron detenidos.
Este año han sido señalados al menos siete gobernadores y ex gobernadores, por casos graves de corrupción: Veracruz, Sonora, Quintana Roo, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Zacatecas. Sólo dos de éstos tienen investigaciones abiertas y órdenes de aprehensión.
La exhibición pública de Javier Duarte no basta, hace falta su detención y castigo, al igual que de su amplia red de colaboradores y cómplices, que en el caso de Veracruz hoy son flamantes diputados federales y locales con fuero. Para que esto no sea una simulación también deben ser investigados y castigados. También es necesario recuperar los recursos saqueados y restituir el daño patrimonial al pueblo veracruzano.
Es urgente atender los reclamos de la sociedad mexicana e incluir las distintas iniciativas encaminadas a trasparentar el ejercicio del poder público, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción como un eje fundamental para el desarrollo integral del país. Hay que entender que la corrupción es lo que más jode a México.
Secretaria general del PRD
@Beatriz_Mojica
