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Este lunes, la General Accountability Office (GAO), la instancia que apoya al Congreso estadounidense en temas de rendición de cuentas y análisis e investigación de acciones y programas gubernamentales, divulgó un reporte trascendente sobre el tráfico de armas de Estados Unidos a México. El informe es resultado de la petición formulada hace unos años a la GAO por el congresista neoyorquino Eliot Engel, el demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes. Ello, aunado al papel de liderazgo que Engel ha jugado desde el sexenio pasado para contener y desarticular al crimen organizado trasnacional que opera en ambas direcciones y en los dos costados de nuestra frontera, revela por qué durante mi gestión como embajador en EU tuve el honor de imponerle en 2011 la condecoración del Águila Azteca.
El informe no dice nada que no supiéramos o hayamos dicho antes, pero no obstante vuelve a poner el dedo en la llaga. De manera contundente, la GAO afirma que 70 por ciento de las armas aseguradas y rastreadas de manera exitosa en México de 2009 a 2014 se originaron en EU, que la mayor parte proviene de compraventas ilegales en armerías y ferias de armas (los llamados gun shows) en los estados fronterizos con México, y que las armas largas de alto calibre —las preferidas del crimen organizado dedicado al narcotráfico— representan la mitad de todas las armas aseguradas en nuestro país. Nada nuevo, repito, pero muy oportuno para abonar posturas que deben ser permanentes y pertinaces en el contexto de dos acontecimientos recientes.
Desde hace nueve años cuando el gobierno mexicano —y por cierto también el gobierno estadounidense— empezó a subrayar el impacto que el trasiego de armas tenía para la capacidad de intimidación y uso de fuerza del narcotráfico en México, se hicieron patentes tres variables. La primera era la correlación entre la expiración de la ley que prohibía la venta de armas de asalto —la Assault Weapons Ban— una década después de que fuera aprobada durante la Administración Clinton en 1994, y el número de armas de asalto decomisadas al narcotráfico en México, el cual se había ido a las nubes a partir de 2004, en incrementos anuales. La segunda, que no era coincidencia que en los estados fronterizos con México hubiesen, gracias al principio básico de oferta y demanda, más armerías y circuitos de ferias de armas que tiendas Walmart. Y la tercera era que las lagunas que persistían en las regulaciones para la compraventa de armas (la falta de revisión de antecedentes criminales en muchas de las compras en armerías o su total ausencia en ferias de armas), permitían transacciones ilícitas de armas que acababan en manos de narcotraficantes en México. Como era de esperarse, la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés) desplegó desde ese momento, tanto en medios como en el Congreso (de ahí la valía de este informe de la GAO), sus amplios recursos para cuestionar los datos sobre trasiego, decomiso y origen de armas postulados tanto por Washington como ciudad de México, táctica que persiste al día de hoy. Incluso, en un intento por persuadir al NRA de que estaba en su interés propio poder evitar que armas fueran adquiridas ilegalmente y alimentaran al narcotráfico mexicano, envié en 2007 una carta a Wayne LaPierre, presidente del NRA, proponiéndole una reunión para discutir el tema. La carta jamás fue respondida, pero fui acusado por el vocero de esa organización de querer minar la Segunda Enmienda de la Constitución que consagra el derecho a la posesión de armas. Mi respuesta fue que éste era un derecho soberano estadounidense, pero que sí estaba convencido de que los “padres de la patria” no habían redactado la Segunda Enmienda para permitir que armas fuesen compradas ilegalmente en EU o cruzadas de manera ilícita a través de una frontera internacional.
El informe de la GAO llega en un momento clave además por dos debates que se darán de manera casi simultánea en EU y México. En EU, la decisión del presidente Obama de exigir a toda armería y feria de armas efectuar revisiones de antecedentes criminales de cualquier comprador, es un paso que más allá de sus implicaciones para el debate en torno a la violencia y el control de armas en EU, podría ayudar a minimizar las oportunidades para que el crimen organizado mexicano se haga de armas en ese país. En México, con la reaprehensión de Joaquín Guzmán, se renovará el debate en torno a la estrategia para confrontar y degradar al crimen organizado, incluyendo el papel que dependencias mexicanas deben jugar para fortalecer sus capacidades de intercepción fronteriza de armas que fluyen hacia el sur. Por todo lo anterior, es menester decir de nuevo hoy ¡gracias congresista Engel!
Consultor internacional
