El vínculo entre salud y derechos humanos es fundamental. Se piensa en esa asociación desde muchas perspectivas. Médicos, sociólogos, políticos, eticistas, urbanistas, sindicalistas y personas dedicadas a los derechos humanos reflexionan sobre el indisoluble binomio salud pública y derechos humanos. He escrito al respecto dos o tres veces. Imposible, ante el deterioro de la salud pública en México, y el empobrecimiento de la población, no (re)escribir sobre tan acuciante realidad.
Dos preguntas como preámbulo: ¿La población que sobrevive en condiciones de miseria ejerce sus derechos humanos? ¿Conculca el Estado los derechos humanos al no ofrecer salud de calidad a los pobres? Personas bien intencionadas han saturado el mundo de declaraciones diseñadas para beneficiar a la población y “estabilizar” el mundo. Muchas, la mayoría, son obsoletas; deberían reformularse.
Una de ellas es la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Declaración se promulgó en 1948 en la Asamblea General de la ONU; no huelga subrayar que la Segunda Guerra Mundial había finalizado tres años antes. Constituida por treinta principios, la mayoría inoperantes, el artículo 25, dedicado a salud, dice: 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Son muchos los Tratados internacionales dedicados al vínculo salud y derechos humanos; cuento, a partir de la constitución de la Organización Mundial de la Salud en 1946, 18 Acuerdos. Extraigo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) dos incisos: el artículo 12 dice, los Estados “…reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”; renglones adelante se enumeran algunas medidas para cumplir con la idea previa: “Reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños y niñas; el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.
Ambas Declaraciones funcionan en el papel, no en la realidad. México es signatario de muchos Acuerdos internacionales sobre salud, derechos humanos, pactos de cooperación, etcétera. Ni el papel ni las firmas sirven. Sirve, primero, entender la realidad, y después modificarla. Obligación de todo político es conocer los entresijos de pactos internacionales relacionados con su oficio; de ser posible, su deber es aplicarlos; de no ser factible, su deber es declararlo y formular ideas apropiadas (entiendo por ideas apropiadas ejercer los recursos disponibles a favor de la población, o, en su defecto, señalar la imposibilidad de cumplir con lo estipulado en los Tratados internacionales). Me pregunto cuántos políticos mexicanos activos o miembros de gobiernos previos conocen los Tratados propios de sus quehaceres. Me respondo: muy pocos.
Las perversidades de la pobreza son múltiples. La peor, lo repito ad nauseam, es enfermar y no poder afrontar los gastos médicos. Dado que la pobreza es una enfermedad, y que cincuenta o más millones de connacionales se encuentran atrapados en un círculo sin salida conformado por el binomio pobreza y enfermedad, urge que los políticos apliquen su sabiduría.
Nacer y vivir en situación de pobreza atenta contra los derechos humanos. Quienes perviven hipotecando su futuro desde el útero, quienes padecen los sinsabores de patologías incosteables, apuestan por sobrevivir, no más. Dos realidades mexicanas: la pobreza sepulta la validez de los Tratados sobre Derechos Humanos signados por nuestros jerarcas; violar los Derechos Humanos empobrece a los pobres.
Notas insomnes. Además de la declaración patrimonial, nuestros jerarcas deberían publicar cuántos tratados conocen relacionados con su oficio.
Médico
