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Lo primero que debemos preguntarnos es si realmente nos importa que haya niñas y niños pequeños violentados derivado del abandono parental e institucional.
Lo segundo es cuestionarnos en serio si sólo es suficiente conmovernos cuando conocemos hechos horrendos, como los perpetrados por un sacerdote católico en la casa hogar Ciudad de los Niños de Salamanca, Gto. Imaginen el dolor provocado a una niña de 7 años por una monja del albergue al ser quemada sus manitas en una estufa. No especulo, la carpeta de investigación es la 13682/2016.
Estos hechos evidencian sus efectos y la perniciosa permisividad de autoridades encargadas de autorizar y vigilar estos centros; es evidente la complicidad de grupos o iglesias religiosas quienes auspician o protegen a sus miembros involucrados en comisiones de delito que van mas allá de malos tratos o abusos: son castigos que causan un gran sufrimiento; violaciones sexuales e infecciones de transmisión sexual; trata de personas; traumas que afectarán su libre desarrollo de la personalidad.
Recordemos diciembre de 2008 Las Casitas del Sur en Tlalpan, albergues regenteados por la Iglesia Cristiana Restaurada utilizados por la procuraduría del DF para depositar niñas y niños víctimas de disputas de guarda y custodia de padres y madres: la gota que derrama el vaso es la desaparición de una niña, pero en realidad no se sabían dónde estaban 26.
Un año antes en Chalco, Estado de México, Las Hermanas de María y el albergue La Villa de las Niñas; se hizo público las condiciones inhumanas y degradantes de las adolescentes porque algunas no podían sostenerse en pie, fenómeno que alcanzó a tantas que nadie podía explicar si era histeria social o enfermedad; lo que logran es llamar la atención pública de la terrible situación en la que se encontraban bajo el disque cuidado de las monjas.
Ah pero nos falta el gran ejemplo de cómo autoridades municipales y estatales de todos los partidos políticos, e incluso intelectuales engañados, aplaudieron y casi convierten en santa a Rosa Verduzco dueña del albergue La Gran Familia de Zamora, Mich. Solo la PGR en julio de 2014 pudo entrar a su fortaleza compuesta por dos secciones: el primer patio donde la Jefa o Mamá Rosa montaba numeritos musicales para agasajar –y conmover- a quienes iban a tomarse la foto y quizá también entregar algún donativo o una palmadita para alentarla a cumplir el papel de limpia social de niñas y niños e incluso bebés recién nacidos “bastardos” de las buenas familias lugareñas que había que ocultar registrándolos con sus apellidos. El infierno estaba tras el gran portón hacia el segundo patio. Ahí autoridades comprobaron la degradante cotidianidad de más de 500 niñas, niños, adolescentes y jóvenes privados de su libertad, algunos nunca habían salido. Este caso es un mosaico de violaciones a diversas leyes.
Pero no previenen los gobiernos.
La Ciudad de los Niños de Salamanca, se manejaba a través de una AC. y tenía al frente a un sacerdote hoy acusado de pederastia. Hay otros similares en Guanajuato y Michoacan. El mismo patrón: omisiones reiteradas de las autoridades municipales y estatales y violación a la Ley. Hechos deleznables y criminales perpetrados contra la niñez más olvidada. Son un botón de muestra que debe alertarnos respecto a cuántos otros habrá funcionando con riesgos y con total discrecionalidad e impunidad.
La diferencia con la Gran Familia o Casitas del Sur, es que hoy México tiene una ley general de derechos de niñas, niños y adolescente que obliga al DIF Nacional a levantar un censo nacional de todos los centros de atención, ordena y obliga a cumplir requisitos indispensables para su funcionamiento; establece obligaciones a todas las autoridades para verificar permanentemente su funcionamiento tomando en consideración el Interés Superior de la Niñez; la ley señala que niñas y niños pueden estar institucionalizados como último recurso y en el menor tiempo posible, debe prevalecer como alternativa hogares sustitutos. Definitivamente no pueden recibir recién nacidos o pequeños que sus familias no quieren, mucho menos venderlos o darlos en adopción a espaldas de la autoridad.
Afortunadamente el Poder Judicial está presente, ya existe un Protocolo de la SCJN para juzgar tomando en cuenta el Interés Superior de la Niñez y desde esta perspectiva la jueza que tomó este caso de Salamanca procedió de manera ejemplar. Hoy exigimos que la PGR tome estos casos hasta sus últimas consecuencias; esperemos que no nos diga que el sacerdote tiene demencia senil como dijo de Rosa Verduzco. Bien por la CNDH que ha decidido defender los derechos humanos de estas pequeñas y pequeños. Exigimos también que DIF y Sistema de Protección encargados de aplicar la ley de derechos de la niñez proceda. Ni más, ni menos.
