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La captura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el criminal más buscado en México, es, sin duda, un acontecimiento positivo. Habrá muchos chistes sobre su capacidad de burlar la ley, pero la realidad es que estamos viendo cada vez más una capacidad en el gobierno mexicano para operar contra los líderes del crimen organizado efectivamente. Cayeron casi todos los líderes principales de Los Zetas y del Cartel del Golfo, de los Templarios y de los Cárteles de Juárez y Tijuana, y ahora dos de los cuatro líderes principales del Cártel de Sinaloa.
Esto muestra una creciente capacidad institucional de las fuerzas civiles y militares mexicanas para localizar y aprehender a los líderes del crimen organizado y de fragmentar a los grupos criminales. La cooperación en inteligencia con las agencias estadounidenses también sigue siendo clave en este esfuerzo, si bien ya no se habla tanto de esta realidad.
Poco queda ahora de la mayoría de grupos del crimen organizado que hace pocos años controlaban e infligían terror en gran parte del territorio mexicano. Todavía queda por ver si pasará lo mismo con el Cártel de Sinaloa, que probablemente quede unido bajo el mando de El Mayo Zambada, pero en general México está viendo la fragmentación —más no desaparición— de los grandes grupos de crimen organizado. Es un paso muy importante para construir un Estado de derecho.
Sin embargo, esto tampoco es suficiente para la construcción del Estado de derecho. Para empezar, muchos de los fragmentos de los grupos del crimen organizado siguen teniendo influencia y control sobre partes del país, si bien son territorios más restringidos y muchas veces, por no tener el mismo acceso al negocio de las drogas, entran en actividades ilícitas que causan aun mayor daño a la sociedad, como el secuestro y la extorsión.
Es digna de reconocimiento la capacidad del Estado mexicano para perseguir y dividir a los grupos criminales y no hay que perder de vista estos logros. Sin embargo, este esfuerzo será profundamente incompleto sin una inversión fuerte en reformar los cuerpos policiacos, los Ministerios Públicos, los tribunales y las cárceles, que siguen estando plagados de corrupción e ineficiencia. La implementación de los juicios orales en algunos estados y la construcción de nuevos cuerpos policiacos en algunos municipios y estados son importantes pasos hacia adelante, pero insuficientes sin un esfuerzo agresivo y audaz para transformar estas instituciones desde la raíz.
Y si bien la cooperación con el gobierno de Estados Unidos sigue siendo clave en el rastreo y detención de líderes criminales, falta un diagnóstico integral de cómo operan estos grupos entre los dos países y de su redes de distribución de drogas y de suministro de armas y dinero en Estados Unidos. Si bien hay muchos arrestos por narcotráfico en Estados Unidos (mucho más que en México, de hecho), no hay una estrategia para desbaratar a estos grupos en ambos lados de la frontera donde sea que operen.
Así que debemos celebrar la captura de El Chapo, porque es un golpe contra la impunidad y muestra una capacidad institucional creciente, pero hay mucho terreno que recorrer todavía para fortalecer el Estado de derecho en México y para enfrentar la realidad del crimen organizado en Estados Unidos.
Vicepresidente ejecutivo del Centro Woodrow Wilson
