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Cuando Dilma Rousseff inició su segundo periodo como presidenta de Brasil en 2014 estaba en una situación envidiable. Brasil crecía a pasos agigantados y acababa de recibir al mundo para la Copa Mundial de Futbol de 2014 con la expectativa de volver a recibir al mundo para las Olimpiadas de 2016.
Sin embargo, hoy en día los brasileños viven en medio de una oleada de escándalos de corrupción que han tocado a muchos de los asesores más cercanos de la presidenta, pero también a gran parte de sus opositores más férreos en otros partidos y de los empresarios más respetados del país. Los fiscales brasileños, que gozan de gran independencia, han ido destejiendo una red de corrupción compleja y multifacética alrededor de la empresa nacional petrolera, Petrobras.
En otro país muy distinto, Guatemala, donde el sistema judicial nunca ha gozado de mucha capacidad o independencia, algo similar ha pasado. El último presidente del país, Otto Pérez Molina, un ex general que había sido electo en 2012 en gran parte por su imagen honesta, terminó coordinando una red de corrupción dentro del gobierno que lideraba, junto con otros funcionarios de alto nivel. La fiscalía nacional, apoyada por la comunidad internacional, logró realizar la investigación que determinó su culpabilidad y los ciudadanos hicieron el resto del trabajo, tomando las calles hasta que aceptó dimitir y fue arrestado.
En los últimos años, muchos países latinoamericanos han vivido un auge de combate a la corrupción, y en algunos casos los que antes eran intocables ya no pueden escaparse de la investigación profesional y/o del enojo público. Esta ola se debe a dos factores que están presentes en toda la región pero en diferentes grados en cada país.
El primero es el hartazgo de los ciudadanos frente a la corrupción que facilita la violencia y afecta el desempeño económico. La consolidación de espacios democráticos plurales, la sofisticación creciente de organizaciones de la sociedad civil y la molestia de ciudadanos con la disyuntiva entre las promesas de la democracia y su capacidad de elevar la calidad de vida, han empujado estos esfuerzos contra la corrupción y los ha puesto al centro del debate público.
Al mismo tiempo, en algunos países, incluyendo Brasil, Uruguay y Chile, el sistema judicial ha ganado autonomía del control del Ejecutivo que antes no tenía, y los políticos pueden hacer poco ahora para detener su inercia.
En otros casos, las fiscalías nacionales han sido fortalecidas por estructuras internacionales creadas para este propósito, como la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), impulsada por las Naciones Unidas (ONU) , y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), impulsada dentro del marco de la Organización de Estados Americanos (OEA). Se espera que esta lucha en contra de la impunidad continúe.
Vicepresidente ejecutivo del Centro Woodrow Wilson
