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“Es posible tener que librar
una batalla más de una vez para ganarla”.
Margaret Thatcher.
Hablar de cifras como la de 47 mil 178 muertes de mujeres con presunción de homicidio en el país entre 1985 y 2014, no puede asumirse como un fenómeno normal o justificado y mucho menos puede convertirse en objeto de lucro político; necesitamos pasar de los señalamientos al actuar contundente, coordinado y eficaz que reclama un fenómeno que lastima a toda la sociedad.
La cifra está asentada en el informe La violencia feminicida en México, Aproximaciones y tendencias 1985-2014, elaborado en coordinación con la oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en México (ONU Mujeres) y el Instituto Nacional de las Mujeres, y dado a conocer en abril de este año, en la presentación de la Alianza contra la Violencia hacia las Mujeres.
¿Qué tan productiva puede ser una mujer golpeada, qué ejemplo es para sus hijas e hijos, en qué terminan ellas y sus agresores? ¿Nuestras leyes son suficientes y se cumplen? ¿Sabemos como sociedad cuáles son y cuáles debieran ser las tareas en los ámbitos municipal, estatal y federal y qué presupuestos se destinan para una atención integral de esta cruda realidad? ¿Hemos sido educados en lo formal para respetarnos como personas, independientemente del género? ¿Qué acciones se toman en las familias para combatir el problema desde su origen, si en la mayoría de los casos el agresor es algún familiar, amigo, pareja, ex pareja o personas muy cercanas a las víctimas?
Las respuestas necesariamente nos remiten a la educación, factor fundamental para consolidar cambios en la manera en cómo fomentamos actitudes y conductas para la solución de conflictos, el respeto al otro, la igualdad, tolerancia y el sentido de responsabilidad social. En el Estado de México, por ejemplo, ya se trabajó para que a partir del próximo ciclo escolar se imparta la materia de equidad de género.
La responsabilidad de inculcar a niñas y niños a reconocerse valiosos, que poseen las mismas capacidades para concretar sus metas y propiciar la igualdad de oportunidades nos conducirá a ser menos tolerantes hacia la violencia.
Es cierto, el reto exige aún en muchas comunidades de nuestro país cambiar patrones culturales y relaciones desiguales, pero debe iniciarse precisamente en ámbito de lo cotidiano para permear en la comunidad.
Visibilizar el fenómeno de los feminicidios implica no solo reconocer su existencia sino asumir lo que nos toca hacer.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde el 2 de febrero de 2007, fue un primer paso jurídico para la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres, promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida.
El mismo ordenamiento prevé que los gobiernos de los estados, entre otras instancias, puedan solicitar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Con base en esa Declaratoria, vigente desde julio de 2015 en 11 municipios del Estado de México --Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco— se puso en marcha la Subprocuraduría de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, la Fiscalía de Feminicidio, la Fiscalía Especializada de Trata de Personas, la Fiscalía de personas desaparecidas y 14 agencias del Ministerio Público, todas con personal capacitado y especializado en investigaciones con perspectiva de género; así como Centros de Justicia Especializados para las Mujeres, en Toluca y Cuautitlán Izcalli; próximamente operará el de Amecameca y está por iniciar la construcción de otro en Ecatepec.
En el ámbito jurídico se creó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México; la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de México y la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México; y se cuenta con el Banco de Datos del Estado de México sobre casos de Violencia contra las Mujeres, para el registro, procesamiento y administración de información que permita tomar mejores decisiones.
Se puso en operación el Sistema Estatal y el Consejo Mexiquense para la Atención de la Violencia de Género y Feminicidio y opera el transporte con perspectiva de género, seguro y libre de violencia.
Consolidar un Estado democrático de derecho, respeto, protección y garantías a los derechos humanos debe tener perspectiva integral y multidisciplinaria; y exige dar continuidad a los esfuerzos iniciados en la implementación de acciones sustantivas y políticas públicas para la eliminación de cualquier forma de violencia hacia las mujeres.
Reconociendo avances, debemos advertir que el problema nos debe imponer cero tolerancia y toda la responsabilidad, por lo que para avanzar en las soluciones con la urgencia que nos demanda este grave fenómeno, valdría la pena que cuando escuchemos a alguien, quien sea, hacer señalamientos sobre el tema, le preguntemos qué propone para resolverlo y qué hace para abonar a la solución desde su ámbito de competencia.
*@AnaLiliaHerrera
Secretaria de Educación Estado de México
