México ya probó por más de una década que el asistencialismo no es una herramienta efectiva para terminar con la pobreza. Aunque se han registrado esfuerzos sin precedentes para abatirla, lo cierto es que aún hay evidencias que nos reclaman compromiso y suma de esfuerzos para que las condiciones de vida de millones de mexicanos sean más equitativas e igualitarias.
El estudio Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2014, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en colaboración con UNICEF, señala que entre 2010 y 2014 la pobreza extrema se redujo de 14% a 11.5%.
El mismo documento precisa que un tercio de la población del país, 40 millones de personas, tienen menos de 18 años de edad y la mitad de éstas enfrenta situación de pobreza.
La razón: carecen de ingresos para satisfacer sus necesidades de bienes, servicios y, por ende, ejercicio de derechos fundamentales como la educación, la salud y la alimentación.
El Programa Especial de Educación Intercultural 2014–2018 reconoce que “en los últimos años y a pesar de la gran expansión de la cobertura, la extensión de la educación obligatoria, las reformas educativas y curriculares, no se han reducido en forma significativa las brechas que existen entre distintos sectores de la sociedad”.
Como nunca desde el ambicioso proyecto de José Vasconcelos, el Estado mexicano cuenta hoy con un Sistema Educativo Nacional (SEN) de largo alcance para los beneficiarios; tenemos un censo que nos permite conocer la situación de los planteles educativos y orientar recursos económicos para mejorarlos.
Valdría la pena también insistir en el reconocimiento a la parte más importante y valiosa del engranaje educativo, que son los maestros. Partamos de reconocer que el magisterio en este país ejerce una tarea que va mucho más allá de la docencia, porque la gran mayoría son además, gestores para solventar las necesidades de sus centros escolares.
De igual manera, su sensibilidad y vocación de servicio, lleva a nuestros maestros a estar pendientes de estudiantes que acuden a las aulas sin haber probado alimento o de aquellos cuyo entorno es violento.
La transformación educativa a la que estamos obligados pasa por mejores escuelas y maestros, pero también por autoridades administrativas que nos asumamos como verdaderos facilitadores del trabajo magisterial.
En el Estado de México, además, el gobierno estatal ha implementado acciones por la educación que promueven y reconocen el esfuerzo de sus estudiantes, pero que también apoyan a quienes, por su condición, lo que requieren es un apoyo para no abandonar las aulas por falta de recursos.
Hoy estamos discutiendo el Nuevo Modelo Educativo, del que surgirán nuevos planes de estudio y nuevos libros de texto. Si la SEP somete a discusión este nuevo modelo, mucho tenemos que escuchar de quienes más saben: las maestras y los maestros.
Muchos son los pendientes que aún debemos atender en materia educativa, pero pretender que se resolverán por decreto es utópico. Necesitamos reconocer las muchas realidades que existen incluso al interior de cada estado e implementar acciones de carácter progresivo. El proyecto educativo de nación que necesitamos, requiere nutrirse de la experiencia y vocación de quienes atienden y resuelven el día a día en los planteles educativos. De los padres que pugnan por incorporar valores y herramientas de convivencia armónica como sociedad.
Para el enriquecimiento de ese modelo, en el Estado de México se llevan a cabo foros de consulta y discusiones plurales, incluyentes y transparentes. El desafío no es menor: a formar ciudadanos con valores, informados y responsables, que participan en la vida social, económica y política de México, capaces de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar.
Secretaria de Educación en el Estado de México
@AnaLiliaHerrera