Cualquier democracia en el mundo deja de ser funcional si la agenda social va por un lado y la agenda de los partidos políticos se encamina por otro.
Hoy, esa premisa fundamental cobra una relevancia mayor rumbo a la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México.
Como mexiquense e integrante de la Asamblea Constituyente que redactará la carta fundamental que regirá a la capital del país, soy una convencida que la coordinación tiene su base en el entendimiento; la confianza en el mutuo reconocimiento a las capacidades; y la evaluación de resultados.
La nueva Constitución de la Ciudad de México es pues, una gran oportunidad para establecer reglas claras que fortalezcan el desarrollo metropolitano en beneficio de las 20 millones de personas que habitan la zona metropolitana más grande de América Latina, y la tercera más grande de la OCDE.
Una efectiva coordinación metropolitana debe partir de la confianza pero, sobre todo, de la responsabilidad y madurez política para dejar atrás lastres, estereotipos y suspicacias.
La reforma al Artículo 122 Constitucional fortaleció –sin duda- la vida democrática de la Ciudad de México, pero también sentó las bases que regirán la vida metropolitana donde territorialmente el Estado de México y la capital comparten 166 kilómetros de frontera; y confluyen 9, de las 16 delegaciones –próximas alcaldías- y 59 de los 125 municipios mexiquenses.
Se trata de un espacio geográfico donde la innovación, la coordinación y la humanización serán fundamentales en la construcción y financiamiento de la Nueva Agenda Metropolitana.
Por citar solo uno de tantos temas que nos atañen, la contingencia ambiental ha puesto –nuevamente- en el centro del debate, la necesidad de una efectiva coordinación entre las entidades que integran la Megalópolis.
Las soluciones de fondo que hoy exigen no sólo la sociedad, sino la congruencia y la sustentabilidad, deben construirse de manera interdisciplinaria e interinstitucional. Si hoy las ciudades comparten los altos niveles de contaminación, ¿por qué no las responsabilidades?
Es imperativo que las fronteras políticas dejen entonces de ser un pretexto para dar solución a las problemáticas que –hoy, más que nunca- aquejan a 20 millones de habitantes.
La constitución de la Ciudad de México ofrece un inmejorable escenario para asumir —en condiciones más equitativas— la proyección conjunta y coordinada del desarrollo, y la prestación de servicios públicos no sólo en el Valle de México, sino en todas las zonas metropolitanas del país.
Por si fuera poco, la reciente modificación al artículo 122 constitucional faculta al Congreso de la Unión a crear una ley general de coordinación metropolitana para el Valle de México, en cuanto culmine el proceso del Constituyente.
Los precedentes que establezca la Constitución de la Ciudad de México y esa nueva ley en materia metropolitana, servirán de ejemplo para replicarse en las 58 zonas metropolitanas restantes del país.
Corresponderá al Congreso de la Unión entonces, establecer las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, encargado de temas tan importantes como los asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.
México hoy nos reclama una auténtica continuidad de los buenos proyectos, los sustentables, los que cuidan y velan por el interés de las mayorías, para garantizar el bienestar de todos.
Senadora por el Estado de México
@AnaLiliaHerrera