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Una verdad de Perogrullo: el asistencialismo, aún evaluado y ejecutado con la mayor pulcritud, no ha resuelto –ni lo hará— la pobreza que generación tras generación se reproduce en estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, entre muchos otros, hay que reconocerlo.
También sabemos, por décadas de experiencia, que repartir culpas no resuelve: hace falta una coordinación efectiva entre los diferentes ámbitos de gobierno, un programa de atención integral, con visión de largo plazo que además tenga continuidad independientemente de voluntades políticas y alternancias y, por si faltara algo, blindado de las ocurrencias y de la corrupción que tanto daño hacen a los siempre escasos presupuestos y a la confianza en las instituciones.
Las personas y su calidad de vida deben ser origen y destino de cualquier política pública y el territorio debe ser visto como el lugar donde puedan hacer valer sus derechos fundamentales, partiendo de otra obviedad: este es el único planeta que tenemos y cada una de nuestras acciones u omisiones aún en lo local, tienen un impacto en la calidad de vida, pero también global.
De ahí que vale reconocer la visión integral y de largo plazo para transformar la otrora Secretaría de la Reforma Agraria –que enfrentó amenazas de desaparición- en la actual de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dimensionando la importancia del ordenamiento permanente y debidamente planificado del territorio nacional, como condición indispensable para el crecimiento del país y el bienestar de la población.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, de los 112.3 millones de habitantes del país, 62.5%, es decir alrededor de 70 millones de personas, vive en 383 localidades de más de 15 mil habitantes, de las cuales, 56 son consideradas ya como zonas metropolitanas, con 62.6 millones de personas. El resto de la población, alrededor de 40 millones, aún vive en 180 mil localidades rurales con menos de 2 mil 500 habitantes.
Si hablamos de sustentabilidad, resiliencia, seguridad, inclusión y gobernabilidad, tan importante es lo urbano como lo rural; nos urge dar el paso de los qués a los cómos, sabiendo que tales contrastes poblacionales y de suelo en el país se reflejan en la expansión de los centros de población y en la calidad de sus servicios que, de seguir como van, solo irán ensanchando las brechas de la desigualdad. La realidad es contundente y para muestra un botón: en México tres de cada cuatro hectáreas se han desarrollado de manera irregular, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad.
En consistencia con el propósito de consolidar un desarrollo con un crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas, en la Cámara de Senadores nos encontramos en la antesala de discutir y aprobar la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, aprobada el 14 de diciembre pasado por la Colegisladora.
Es una grata noticia que el proyecto establezca criterios que coadyuven al armónico desarrollo urbano de nuestras ciudades en expansión y áreas metropolitanas, con un enfoque integral de infraestructuras, servicios, medio ambiente, vivienda y desarrollo regional sustentable, con la debida coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Paralelamente trabajamos en la actualización del marco jurídico sobre asentamientos humanos que, por cierto, hace más de 20 años no se modifica.
Sin que sean vistas como una panacea a los múltiples retos de desigualdad que enfrenta el país, las Zonas Económicas Especiales (ZEE) replicarán experiencias internacionales exitosas para detonar el desarrollo regional y generar condiciones de igualdad y progreso para los mexicanos.
Se trata de un innovador marco jurídico que permitirá paulatinamente cerrar las crecientes brechas de desarrollo a partir de un crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones del país con mayor rezago social, porque la propia ley prevé la definición de espacios geográficos idóneos para la instalación y desarrollo de empresas e industrias, a partir de incentivos, ventajas competitivas y, sobre todo, condiciones de certidumbre para los inversionistas.
Así, se da un paso decisivo para transitar del asistencialismo a un crecimiento económico sostenible en los estados del país con mayor rezago social.
El tema ha llamado la atención de instancias como ONU Hábitat y bien podría ser parte de los temas que se discutan en la próxima Reunión Regional de América Latina y El Caribe de la cual México será sede rumbo a la Cumbre Mundial Hábitat III que se llevará a cabo este año en Ecuador.
Obtener resultados diferentes, requiere nuevas fórmulas. La falta de oportunidades para millones de personas en nuestro país, es una agenda que reclama la voluntad y capacidad de todos y ya no puede esperar.
*@AnaLiliaHerrera
Senadora por el Estado de México
