Más Información
El Congreso mexicano y la falta de concreción de las reformas estructurales sirvieron muchos años para justificar un crecimiento económico insuficiente para aliviar la pobreza y la desigualdad que prevalecen en nuestro país. Hoy, la buena noticia es que se nos acabaron los pretextos.
Aceptemos, sin regateos, el liderazgo del presidente Enrique Peña que impulsó y presentó dichas reformas ante el Poder Legislativo; reconozcamos la participación activa de las diferentes fuerzas políticas para enriquecerlas y aprobarlas, pero no admitamos que la instrumentación de un marco jurídico tan amplio, puede darse al día siguiente de su promulgación.
La LXIII Legislatura recibió esta semana el Tercer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña y siete de los ocho grupos parlamentarios que la integran y un diputado independiente, fijaron en tribuna su posicionamiento.
Cada uno definió los qués y el resultado es una agenda ampliamente común: acabar con los conflictos de interés; de combatir la corrupción aprobando el marco jurídico secundario para concluir y fortalecer la rendición de cuentas, defender los derechos humanos y la protección al medio ambiente; impulsar el desarrollo económico, la competitividad y pugnar por que se aplique la justicia cotidiana.
Los pronunciamientos estuvieron a favor de lograr un equilibrio en las finanzas públicas y un desarrollo económico sustentable que prevea el contexto de crecimiento financiero descendiente y garantice un enfoque de austeridad en el Presupuesto del próximo año.
De acuerdo también en que la situación económica frente a la caída de los precios del petróleo y el difícil contexto internacional, no debe llevar a México a contratar más deuda y mucho menos a promover el aumento al IVA en medicinas y alimentos, aunque en tribuna y en su papel de oposición, hubo quien afirmó lo contrario.
Tal vez desconocían el acuerdo emitido por el titular del Ejecutivo, donde se compromete a que en el periodo 2014-2018, “no se propondrán nuevos impuestos, aumentos en las tasas impositivas, ni se modificarán regímenes fiscales o exenciones vigentes”.
Lo que sí compromete, es intensificar el combate a la evasión fiscal, promover la formalidad, respetar los derechos de los contribuyentes, acatar las determinaciones del Poder Judicial en materia tributaria, mejorar la eficiencia, oportunidad y transparencia del gasto público, así como mantener la trayectoria decreciente del déficit público. Y eso sí, que sea el gobierno, el que se “apriete el cinturón”.
Por otra parte, llamaron la atención las voces que pidieron la presencia del jefe del Ejecutivo en San Lázaro para rendir su informe, cuando en 2006 fue el PRD el que impidió que Vicente Fox usara la tribuna para hacerlo; en 2007 Felipe Calderón sólo permaneció unos minutos en el recinto ante el abandono del salón de sesiones por parte de la presidencia de la Mesa Directiva, encabezada entonces también por el PRD.
En junio de 2008 se reformó el artículo 69 constitucional con la participación de todas las fuerzas políticas, para establecer el formato actual del informe: se entrega por escrito al Congreso de la Unión, sin que se requiera la asistencia del Presidente de la República.
De entonces a la fecha, no cabe duda, nuestra democracia y sus actores son más maduros, conscientes de que la sociedad nos exige —a todos— acuerdos que se traduzcan en su bienestar.
Siempre es fácil coincidir en los qués; la definición de los cómos exige apertura y diálogo. Hay coincidencias en los primeros y la misma actitud de respeto al Legislativo por parte del presidente Peña Nieto, que reiteró su compromiso de “avanzar sin dividir; reformar sin excluir, y transformar sin destruir”. México lo exige y nosotros debemos medirnos en resultados.
Senadora por el Estado de México.
@AnaLiliaHerrera
