La opacidad es siempre la primer aliada de males como la corrupción, la impunidad y la ineficiencia, por lo que una transformación a fondo de nuestro país, exige combatirla entre los tres poderes y los distintos ámbitos de gobierno.
En su libro México: anatomía de la corrupción, María Amparo Casar advierte que “el ciudadano mexicano no conoce las leyes que regulan el comportamiento en sociedad, está convencido de que quienes deben hacerlas valer no sólo no lo hacen, sino que son los primeros en transgredirlas, piensa que es válido desobedecer la ley si esta es injusta o no lo favorece y opina que las leyes en México son injustas y están hechas para beneficiar a los propios políticos o a los ricos”.
La conclusión, agrega Casar, “es que no hay marco legal que aguante esa conjunción de valores y creencias”. De ahí la importancia de que el Poder Legislativo sea congruente y avance en un marco jurídico que norme su propio actuar en materia de cabildeo y conflicto de interés.
Recientemente el Senado dio continuidad al esfuerzo plural iniciado el 16 de octubre de 2013, mediante un “Acuerdo por el que se establecen reglas para el acceso y la permanencia de personas distintas a los senadores en el pleno” y el pasado 25 de agosto publicó la convocatoria para la integración de un padrón de cabilderos.
La base de datos del Padrón de Cabilderos del Senado se difundirá en el sitio web de la Cámara Alta, que en próximos días entregará las acreditaciones correspondientes.
Es un primer paso para regular la actividad de quienes se dedican a promover intereses legítimos de particulares ante los órganos directivos y comisiones del Senado o ante senadores y senadoras en lo individual o en conjunto, a fin de influir en decisiones que les corresponden en ejercicio de sus facultades.
Impulsar las mejores prácticas del Parlamento Abierto nos permitiría, como lo explica la Red por la Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aprovechar el rol activo que ha tomado México hacia la transparencia y la rendición de cuentas, cimentando la nueva gobernanza para que el ciudadano y el Estado estén más cerca y con ello puedan, unidos, construir mejores condiciones de vida para todos.
Actualmente en el Senado existen cuatro iniciativas que hemos impulsado legisladores de todos los grupos parlamentarios sobre la regulación de cabilderos, mismas que son analizadas en comisiones.
Cabe recordar que la primera iniciativa en el Congreso sobre el tema fue presentada por el PRI en 2002. Fue desechada tres años después y la misma suerte tuvieron cuatro iniciativas más entre 2006 y 2012.
Se trata de un tema que sin duda ha fortalecido a las naciones que dieron el paso: EU, con la Ley Federal de Cabildeo de 1995; Australia, con la Ley de Registro de Cabilderos de 1984; Canadá, con la Ley de Registro de Cabilderos, aprobada en 1985 y reformada en 1988 y 1998; y el Reino Unido, que decretó las Normas sobre Cabildeo para los Servidores Públicos en 1998, en tanto que a nivel supranacional, la Unión Europea sancionó las Normas y Registro para Consultores y Asesores Políticos en 1992.
Para el Senado mexicano, el reto debe ser ir más allá de nuestro reglamento para construir una ley que cristalice el compromiso de ser consecuentes y congruentes con las exigencias de transparencia hacia el Ejecutivo y otras dependencias y organismos; conscientes de que la equidad y el desarrollo exigen dejar atrás la cultura del privilegio y la impunidad, cerrando el paso a la corrupción, pero también a las suspicacias.
Senadora por el Estado de México y dirigente nacional del Movimiento Territorial.
@AnaLiliaHerrera