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El país que necesitamos requiere que todos centremos las críticas en aportar soluciones de largo plazo y no en regodearse en la descalificación personalizada e inmediatista, que utiliza el discurso del odio para derrotar al adversario político, ignorando la realidad y a los corresponsables.
En ese sentido, resulta absurdo politizar la Reforma Educativa. Todos sin excepción, deberíamos respaldar la decisión del gobierno federal, para avanzar en ella desde el ámbito que nos corresponde.
Reconocer las deficiencias de nuestro sistema educativo y enfrentar intereses personales y de grupo que por añejos parecían inamovibles, requirió enfrentar añejas resistencias e intereses económicos y hasta laborales.
Para hacer posible una auténtica calidad educativa, se incluyó en la reforma la evaluación docente como elemento sustancial. Pese a resistencias y reiteradas amenazas de boicot, información de la Secretaría de Educación Pública hasta el 5 de julio, nos permite saber que la evaluación docente ha tenido una participación de 29 mil 831 sustentantes; es decir, 73.3% de los docentes registrados en la nómina participaron en los concursos de oposición para el ingreso a funciones docentes y técnicos docentes, así como para la promoción a cargos de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica en la Educación Media Superior.
La relevancia de la evaluación a los docentes puede medirse en el cambio de paradigma que implica que en este país por primera vez los ascensos se obtendrán con base en el mérito de cada maestra y maestro de México.
Condición que, como hemos visto, ha encontrado resistencias de algunas minorías. No obstante nadie, absolutamente nadie, debe poner en duda que ese modelo de evaluación beneficia a maestros y alumnos, y por eso, su implementación no tendrá marcha atrás.
De ahí la contundencia en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la discusión de los 26 amparos contra la Reforma Educativa interpuestos por integrantes del Comité Ejecutivo Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes argumentaron que las modificaciones constitucionales vulneraban sus derechos laborales.
Los amparos incluyeron la reforma al artículo 3° Constitucional y a las leyes General de Educación, del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) y la del Servicio Profesional Docente, promulgadas el 11 de septiembre de 2013.
Y baste recurrir al argumento que el ministro ponente Fernando Franco González Salas expuso en la resolución donde aseguró que el derecho de la niñez a una educación de calidad está por encima de los derechos laborales. Histórica y sin precedentes, esa resolución sentará jurisprudencia para el resto de los 7 mil amparos interpuestos en tribunales de todo el país.
Falta mucho por hacer para consolidar la que a mi juicio es la más importante de las reformas estructurales impulsadas por esta administración.
El reto, como dijo Chuayffet es “definir quién es el patrón en materia educativa. Si decimos que es la SEP damos un paso hacia atrás en materia de descentralización. Si decimos que son los estados, entonces tenemos que establecer las sanciones o la figura de la intervención federal para poder hacernos cargo temporalmente de la educación en aquellos estados en donde no se cumple el proceso”.
Por décadas intereses personales o de grupo pospusieron la Reforma Educativa. Es momento de impulsarla con una actitud vigilante, pero despojada del inmediatismo electorero que sirve al interés de unos cuantos y afecta los derechos de las mayorías.
Senadora por el Estado de México.
@AnaLiliaHerrera
