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La campaña electoral de 2016 para elegir doce gobernadores, doce legislaturas (menos Puebla, más Baja California) y autoridades municipales en once estados (salvo Puebla y Tlaxcala) se acerca a su epílogo. ¿Cuál es el balance preliminar de este intenso proceso? Pocas propuestas, compromisos inciertos y, descollando sobre todo, una nata de mugre y de infamias.
Los contendientes se están pegando con furia. Se denuncian presuntos vínculos de candidatos con el crimen organizado, fortunas inexplicables o, incluso, pederastia, y algunas de estas imputaciones son colocadas en anuncios espectaculares o reproducidas en las redes sociales hasta recalar en medios de comunicación que, sin constatar su veracidad, difunden los expedientes “negros”. La guerra de lodo incluye el robo y la destrucción de la propaganda del rival, la publicación de fotos truqueadas y la divulgación de grabaciones logradas a través de la intervención ilegal de teléfonos.
En los debates, como ocurrió en Hidalgo, se hacen insinuaciones sobre las preferencias sexuales del adversario y muchas de las encuestas, que debieran medir el ánimo colectivo, son meros ejercicios de manipulación, cuyos resultados responden a lo que les ordenan quienes las financian.
La mayoría de las denuncias sólo buscan golpear al oponente y las pocas que se formalizan ante la Fiscalía especializada en delitos electorales (Fepade) suelen carecer de los elementos indispensables para integrar una averiguación previa que lleve a la consignación penal. Son bolas de humo.
No repruebo las campañas de “contraste”. Tengo la convicción de que difundir datos reales, comprobados, de los contendientes, que contradigan a quienes se presentan como “ciudadanos ejemplares” cuando en realidad son simples maleantes, es una contribución al voto informado. Pero la calumnia es otra cosa.
Estamos ante una lucha descarnada en la que todo se vale y en la que desempeñan un papel crucial los expertos en campañas negras, algunos extranjeros, contratados lo mismo por un partido que por el otro, porque en esto no hay monopolio.
Desde que las elecciones dejaron de ser predecibles se empezaron a usar las herramientas “modernas” que transitaron del mundo del comercio al de la política: el marketing, los estudios de opinión, los grupos de enfoque y la cosmetología que busca engañar a los electores embelleciendo a los candidatos con las propiedades de “productos milagro” capaces de deshacer todos los entuertos (en Tamaulipas, uno de los candidatos promete: “de llegar a la gubernatura no permitiré un secuestro más”).
En estos días, la publicación de los patrimonios de candidatos nos sacude; muchos, incluidos los que se dicen luchadores sociales, con fortunas declaradas de millones de dólares que incluyen decenas de propiedades en México y el extranjero, vehículos de lujo, aviones… Bienvenida la transparencia. Lo que seguiría, ahora, es averiguar dónde se forjó tamaña riqueza.
En Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Veracruz, la contienda se inscribe en un clima de descomposición donde los criminales secuestran, extorsionan y asesinan ante la complacencia o complicidad de las autoridades. Por todas partes corre dinero a raudales, dinero en efectivo que es difícil rastrear, y en muchos casos operan delincuentes amenazando a unos, comprando a otros.
En las doce entidades donde la gubernatura está en disputa, las perspectivas que enfrentarán quienes ganen son adversas. En Oaxaca, los impactos del despido de miles de profesores y la reacción de la CNTE y sus aliados, plantearán serios desafíos a la gobernabilidad; quien gane recibirá un estado convulsionado. En otros estados, como Chihuahua y Puebla, las denuncias por la corrupción y el autoritarismo de los gobernadores que se van son cotidianas. En todos los estados, los nuevos gobernantes recibirán menores participaciones federales debido a la caída de los ingresos petroleros y ya no podrán, como antaño, endeudar a sus estados a su antojo, porque la nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios les impone restricciones.
Con todo, permanece la incertidumbre y quedan, al menos, dos interrogantes: la manera en que votarán esos millones de indecisos una vez que tengan las boletas enfrente, y la eficacia de la operación a ras de suelo, de la intimidación, la entrega de despensas, tinacos, etc., la compra de votos.
Esta campaña sólo le deja al ciudadano dos opciones: la del asqueado que prefiere abstenerse o anular su voto y la del cumplidor que acudirá a las urnas a sufragar por el menos malo. Pésimas noticias para nuestra precaria democracia.
Presidente de Grupo Consultor
Interdisciplinario.@alfonsozarate
