Más Información
A la memoria de Néstor de Buen, que tanto amó al país
de su adopción.
El domingo 24, en el patio del claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentaron su último informe, un documento que no es conclusivo, no podía serlo, pero que deja dudas y sospechas perturbadoras en torno a la investigación ministerial sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Quizás lo más inquietante sean las pruebas fotográficas y de video que registran la presencia, el 28 de octubre de 2014, de Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal, acompañado de peritos de la PGR y de uno de los inculpados (Agustín García Reyes, El Cheje, integrante de Guerreros Unidos) en el lecho del río San Juan. Las imágenes difundidas permiten observar dos bolsas oscuras en el suelo. Esta diligencia no aparece en el expediente y antecede al “hallazgo” del día siguiente, cuando buzos de la Marina habrían encontrado bolsas con huesos calcinados. ¿Se “sembraron” evidencias? Y, de ser así, ¿para qué?
El reporte insiste en negar que los restos de los muchachos hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula y afirma que el Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego —en el que participaron tres especialistas propuestos por ellos mismos— no sustentó en un análisis científico sus conclusiones acerca de que existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones la noche del 26 de septiembre de 2014.
Además, el informe del GIEI señala el uso de la tortura en, al menos, 17 de los indiciados; entre ellos, Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, quien, según la versión oficial, habría ordenado “quemar” a los normalistas. En consonancia con el comunicado de la CNDH del 14 de abril, llama a revisar el comportamiento de los dos policías federales que presenciaron el traslado de normalistas hacia Huitzuco, donde El Patrón decidiría qué hacer con ellos. ¿Los criminales contaban sólo con la protección de autoridades locales o también tenían en la “nómina” a policías estatales e, incluso, federales?
Como si hiciera falta para probar que lo ocurrido la noche trágica de Iguala no es una excepción, en los meses recientes se han repetido en Veracruz —Tierra Blanca y Papantla— levantones con similar modus operandi: policías estatales o municipales actuando al servicio de los delincuentes.
Aunque el subprocurador Eber Betanzos ha informado que al menos 50 elementos del 27 Batallón del Ejército ya declararon, algunos hasta cuatro veces, la duda persiste: ¿cuál fue el papel de los mandos y los soldados esa noche? Y, tan relevante como eso, ¿cuál fue su papel a lo largo de los meses previos?; ¿podía ignorar la inteligencia militar el nivel de descomposición en una ciudad en la que estaba asentado el batallón y en la que desaparecía una persona cada trece días?
El sistema judicial mexicano, ya lo sabemos, es un desastre: brutalmente tortuoso, denso e ineficaz. En eso no aporta nada nuevo el GIEI. Los mexicanos lo padecemos.
Al margen de ello, los expertos del GIEI se van del país pero dejaron vivas muchas dudas y sospechas. La PGR no tiene opciones: le toca concretar la exigencia social y el compromiso presidencial de seguir trabajando hasta que haya justicia por la desaparición de los normalistas. Zerón tiene que explicar, sin asomo de duda, qué hizo aquél día en la escena del crimen del río San Juan. Deben darse a conocer los fundamentos de las conclusiones del Grupo de Expertos en Materia de Fuego que realizó el tercer peritaje del basurero de Cocula. Duro trabajo el que le queda a la PGR, doblemente duro por la escasa credibilidad de nuestras instituciones y porque los familiares de los normalistas no le creen al gobierno.
En la revisión de todo lo actuado (hay muchas evidencias, muchos testigos, muchos protagonistas y actores secundarios) deben participar los mejores investigadores, y no pueden tener otro propósito que el de encontrar la verdad, no la “histórica” ni la “jurídica” sino la verdad verdadera. Aunque se lastimen intereses políticos y susceptibilidades irritadas por la insistencia pública en no dar carpetazo a la investigación de un crimen de lesa humanidad que permanece impune.
Presidente del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
