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Hace 12 años, el 23 de noviembre de 2004, tres integrantes de la Policía Federal Preventiva que realizaban una operación encubierta en el pueblo de San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac, fueron descubiertos; su trabajo en los días previos les había permitido localizar la casa de seguridad de un núcleo de guerrilla urbana. Advertidos sobre el operativo, los miembros del EPR instigaron a los pobladores a linchar a los agentes, los acusaron de intentar secuestrar a unas niñas.
En una fiebre demencial, los agentes fueron golpeados brutalmente y quemados vivos, sólo uno sobrevivió. Aquella tarde ocurrió lo inaudito: unidades móviles de la televisión llegaron antes que los grupos policiales “de reacción inmediata” y registraron el horror. La lenta e inexplicable reacción del gobierno del Distrito Federal (Marcelo Ebrard era el secretario de Seguridad Pública) permitió que se consumara ese crimen. El secretario de seguridad pública en la delegación era el actual jefe delegacional, Rigoberto Salgado Vázquez, en esos días militante del PRD y hoy de Morena. Como se conoce, su hermano Roberto controla una gran cantidad de mototaxis en Tláhuac, el principal medio de transporte, que también se usa para el narcomenudeo.
El jueves pasado, en la colonia La Conchita Zapotitlán de la delegación Tláhuac, un grupo de tarea de la Marina Armada de México intentó aprehender al jefe de una organización delictiva “extremadamente violenta” dedicada al narcomenudeo, el secuestro y la extorsión a la que se le atribuyen 32 homicidios: un michoacano de nombre Felipe de Jesús Pérez Luna, apodado El Ojos. Él y siete de sus hombres fueron abatidos. No hubo ninguna baja del lado oficial.
En el operativo, planeado cuidadosamente, participaron miembros de la Marina y de la Policía Federal, con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Iban por ellos, pero al verse descubiertos reaccionaron con disparos.
Una sociedad que vive con miedo ante el desbordamiento criminal, la inoperancia policial y la impunidad, se ha expresado con silencio complaciente ante la muerte de sus verdugos; no quiere saber si hubo o no enfrentamiento, si se trató de ejecuciones extrajudiciales; sabe o intuye que si eran presentados ante un juez, lo más probable es que, argumentando fallas en la carpeta, los hubiera dejado en libertad y que, aún si hubieran sido encarcelados, habrían salido pronto para seguir delinquiendo. Mejor muertos.
Como ha ocurrido en el oriente de la capital, poco a poco, a veces con disimulo, otras a la vista de todos, las bandas criminales se han ido robusteciendo. Detrás de la presencia creciente de narcomenudistas en Ciudad Universitaria está esta banda que, según se dice, es un desprendimiento del Cártel de los Beltrán Leyva.
Pero no todos aplauden. La reacción de decenas de integrantes de la banda ante la muerte de su jefe fue la quema de camiones y los bloqueos, hechos inéditos que marcan un punto de quiebre en la capital de la República. El cortejo fúnebre fue integrado por decenas de vecinos que coreaban consignas laudatorias al jefe de un grupo de narcotraficantes, extorsionadores, torturadores, asesinos... Como los que protegen a los “huachicoleros” en Puebla; como los que han marchado a favor de El Chapo... Comunidades agradecidas con sus benefactores, podridas.
En respeto a la semántica, las autoridades nos aclaran: “no es un cártel”. Pero preservar la tranquilidad en Tláhuac ha exigido el despliegue de más de mil trescientos policías, 30 elementos de la Marina y más.
Como ocurrió hace mucho tiempo en distintas regiones del país, las autoridades desestimaron síntomas inquietantes. La mancha avanza, ahora en la mismísima capital del país.
¿Cuántos episodios de esta gravedad necesitarán el gobierno de la Ciudad de México y el federal para asumir que tienen que desplegar todos sus recursos institucionales, todos, para diseñar una estrategia que contenga, primero, y repliegue, después, la mancha delincuencial?
En algunas zonas de la Ciudad de México ya mandan los criminales. La extorsión a los negocios, la violencia criminal, el número de homicidios dolosos (el mayor desde que se tiene registro), ocurren frente a los ojos de los policías de proximidad, de mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia. Los hechos de Tláhuac exigen a las autoridades que abran los ojos... Porque hasta hoy, lo que prevalecen son ojos que no ven.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate
