Organismos 'ciudadanos' en crisis

Entre resistencias y malos augurios, ayer entró en vigor, formalmente, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y lo hizo maltrecho, careciendo de piezas fundamentales porque, violando los términos legales, el Senado de la República no ha nombrado al fiscal anticorrupción de la Procuraduría General de la República (PGR) ni a los magistrados que sancionarán los actos de corrupción. Tampoco se han reformado ordenamientos legales (Ley de Obra Pública, Ley de Contratos y Adquisiciones…), ni se han expedido los que faltan (Ley General de Archivos) ni, menos aún, armonizado las legislaciones estatales con el SNA.

Cada vez resulta más evidente que en materia de combate a la corrupción y a la impunidad, las fracciones más retrógradas y poderosas del sistema político —la cleptocracia—, están poniendo en práctica todas sus artimañas para descarrilarlo o convertirlo en un organismo inservible.

Las instancias que fueron diseñadas para vigilar que los funcionarios públicos se comporten con probidad, han sido desnaturalizadas. Las contralorías internas son designadas por los propios titulares de las dependencias, es decir, se dejan en manos de quienes debían ser vigilados; los contralores no están para descubrir, sino para tapar, cada dependencia tiene a su Virgilio Andrade.

Como está ocurriendo a nivel federal, hace tiempo que los gobernadores sometieron, vía la captura, sobornos o amenazas, a los organismos supuestamente “independientes”. Hoy, como nunca antes, muchos gobernadores están en la cárcel, fugados o bajo investigación. Por desgracia, en algunos casos son autoridades de otros países las que los investigan y persiguen y también se apropian de patrimonios mal habidos (inmobiliarios, cuentas bancarias, títulos accionarios) y entonces resulta que aquí se roban el dinero, allá lo invierten y también allá se lo quedan.

El Chueco, Mario Villanueva, es de los más antiguos procesados de esta nueva camada. Son muchos los perseguidos, pero son más los que faltan. Muchos funcionarios municipales, estatales o federales que hoy disfrutan “la plenitud del pinche poder” (Fidel Herrera dixit) en breve estarán prófugos o en la cárcel. Por eso quieren frenar el SNA: hoy por ti, mañana por mí.

Lo que se sabe sobre el desempeño de los agentes del Ministerio Público federal en la audiencia inicial con Javier Duarte genera ira y frustración. Ni siquiera en un asunto de tan alto interés social, disponiendo de meses para documentar los agravios, desvíos y faltantes, pudieron los fiscales sustentar las acusaciones... ¿Esta es la PGR que devendrá Fiscalía General de la República?

Al descrédito del Instituto Nacional Electoral (INE) se agrega el del Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai), dos organismos claves para la democracia que hoy se exhiben timoratos, blandengues. Los pocos consejeros o comisionados que honran sus nombramientos, poco pueden hacer, salvo acaso renunciar, ante el voto por consigna.

El INE ha sido omiso en su responsabilidad de frenar comportamientos violatorios a la ley, la inequidad en las contiendas electorales es grotesca. Los excesos de algunos partidos, a la vista de todos, han sido imperceptibles para el árbitro. La decisión del INE de diferir sus resoluciones en torno al supuesto rebase de los gastos de campaña del PRI y PAN en Coahuila, sólo muestra un intento de ganar tiempo, y el jaloneo en torno a los reportes de la Unidad Técnica de Fiscalización parece mostrar que lo que prevalezca no serán conclusiones conforme a la ley, sino un arreglo político.

Un árbitro sin credibilidad dañará la legitimidad de las elecciones federales del año próximo; una disputa que se anticipa ríspida, sucia y en la que ni el INE ni el TEPJF tendrán autoridad ética para emitir sus resoluciones. Desde ahora, la mesa está puesta para un conflicto poselectoral.

Lo que inició en 1968 con el movimiento estudiantil y que desencadenó un proceso lento, angustioso de reformas al andamiaje jurídico y la creación de nuevas instituciones que reemplazaran las del régimen autoritario, enfrenta hoy los intentos de quienes quieren retrotraernos al pasado.

Le urge al país otra oleada democrática, una sacudida, un empujón mayúsculo de los sectores más conscientes de la sociedad. Por fortuna, uno de los signos más alentadores es el cambio en la cultura política de anchas franjas sociales que expresan su hartazgo ante los niveles de corrupción e impunidad que hemos alcanzado, y que en estos días nublados para la trasparencia y la rendición de cuentas, nos inyectan ánimo.