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El tiempo se agota. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está ya en su último tramo y no parece haber forma de enderezar el rumbo ni de cambiar el severo juicio colectivo.
Esta administración no pasará a la historia por las “reformas estructurales” que logró concretar en el primer bienio sino por una agregación de malas cuentas: la apropiación de los más relevantes espacios de poder por la cofradía mexiquense, su incapacidad para frenar el desbordamiento delincuencial, las maniobras para desandar los escasos avances democráticos, la corrupción desbordada desde los más altos estamentos del poder y el pobre desempeño de la economía. La decepción cunde, la irritación social se palpa en cada conversación, en cada encuentro.
La promesa del candidato presidencial de un país en paz se extravió hace mucho. Mientras la sociedad vive con miedo, el gobierno está agazapado. Lo cotidiano son la violencia, las extorsiones, las muertes sin sentido. Un solo fin de semana deja decenas de muertos en Chihuahua y Sinaloa, y si la tendencia se mantiene, este año concluirá con una cifra aterradora: más de 20 mil homicidios culposos.
La realidad muestra la prevalencia —en casi todo el territorio del país e, incluso, en las carreteras federales— de grupos criminales que hacen y deshacen ante la pasividad, complicidad o incompetencia de las autoridades.
Los huachicoleros siguen ordeñando ductos sin que nadie los frene; unos cuantos son detenidos mientras crecen las tomas clandestinas a la vista de todos, menos de quienes tienen la responsabilidad de perseguirlos y que se hacen de la vista gorda. En un país con severos problemas financieros, Pemex pierde por esos robos más de 20 mil millones de pesos al año.
El nuevo sistema penal acusatorio, ideal para un país con instituciones maduras, ha servido para exhibir no solo problemas en el diseño, sino, sobre todo, la irresponsabilidad de quienes a lo largo de casi una década no hicieron lo que les tocaba: la profesionalización de las corporaciones policiales, de peritos, fiscales y jueces, condición indispensables para que el nuevo sistema rindiera frutos. Errores elementales en la captura y presentación de presuntos delincuentes ante el Ministerio Público o fallas en el protocolo permiten poner en libertad a quienes fueron detenidos en flagrancia, por lo que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, advierte a los ciudadanos que se preparen para lo peor.
Los avances dificultosos en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se topan con resistencias e intentos de convertirlo en una caricatura, en una fachada. De hecho, otras instituciones de nuestra democracia defectuosa, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ya han sido vulneradas.
Las críticas que, con aires de suficiencia, lanzaban el candidato Peña Nieto y su álter ego Luis Videgaray al estancamiento económico de 30 años (un crecimiento promedio de apenas 2.3%), hoy se callan porque las cuentas no les salen. Mientras que el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo 2013-2018 planeaba un crecimiento de entre 5.2 y 5.3% para este bienio, el desempeño previsto para este año estará por debajo del 2% y algo similar ocurrirá el año próximo; así que las promesas del bienestar que traerían las “reformas estructurales”, sobre todo la energética, se quedaron en eso, promesas.
Los gobernadores, que se convirtieron en sátrapas gracias a la ineptitud de Vicente Fox y sus “gerentes”, no regresaron al redil con un presidente priísta; por el contrario, alcanzaron su mayor descomposición en estos años de la Presidencia de Peña Nieto.
Nuestra diplomacia, aún en los años de autoritarismo una línea de defensa de los intereses nacionales, hoy se muestra blandengue, absolutamente.
Las pocas buenas cuentas vienen del sector turismo. Pero, más allá de las dudas que generan las estadísticas sobre el aparente incremento de turistas y de la captación de divisas, cabe preguntarse cuánto tiempo más seguirán llegando a nuestros destinos cuando se multiplican y se difunden aquí y en el exterior las evidencias de la presencia criminal en Acapulco, Cancún, Playa del Carmen, Los Cabos, Mazatlán...
Más allá de fuegos de artificio, una gestión gubernamental debe medirse por sus resultados en cuatro capítulos esenciales: combate a la pobreza y la desigualdad social; crecimiento económico con empleos de calidad; seguridad pública y Estado de derecho (corrupción, impunidad, rendición de cuentas). Se agota el tiempo de esta administración y lo que se perfila es el juicio inclemente de la historia.
@alfonsozarate
