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En estos años, los escándalos por la corrupción desbordada de muchos gobernadores distrajeron la atención sobre otro problema igualmente grave que compete, en buena medida, a quienes gobiernan en los estados: el desbordamiento de la delincuencia. La decisión del Ejecutivo federal de desplegar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal a las regiones que constituían “focos rojos” (Tierra Caliente, Ciudad Juárez, Tijuana, La Laguna) resultó muy cómoda para quienes, por acción u omisión, eran los principales responsables del desastre. La Federación sigue trasladando sus fuerzas a los nuevos puntos críticos, como Acapulco.
El nombramiento de policía y lo que conlleva: uniforme, charola, tolete y pistola, configura el atuendo que quienes en nuestro país, con harta frecuencia, tienen licencia para extorsionar. Por allí empiezan.
En Cancún y Playa del Carmen la policía turística extorsiona a los visitantes extranjeros, sobre todo jóvenes. El brinco de las pequeñas mordidas a actuaciones claramente delincuenciales es solo cuestión de tiempo: poco a poco se ponen, por miedo o por dinero, al servicio de las bandas, protegen sus operaciones criminales (distribución de la droga, cobro de piso, etcétera) o, de plano, se pasan al otro lado como halcones o sicarios (algunos, los más desalmados, llegan a ser jefes de plaza).
Como se comprobó al observar las cámaras de video vigilancia, hace algunos años, en la Ciudad de México, fueron policías asignados a la Zona Rosa quienes encubrieron el secuestro y posterior asesinato de trece muchachos de Tepito por miembros una banda rival.
En estos días se difunde un video que muestra cómo, el 15 de marzo, policías de Culiacán, Sinaloa, entregan a ocho jóvenes a una banda criminal. Por cierto, los policías, que habían sido arrestados, ya están en libertad gracias a la benevolencia del fiscal. Algo así ocurrió en Tierra Blanca y Papantla, Veracruz: policías estatales y municipales “levantando” a jóvenes para entregarlos a los criminales. Y eso mismo ocurría en Iguala y Cocula, en el estado de Guerrero, convertidos en narco-municipios; así se consumó la tragedia de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública en la administración Fox, decía que la policía, lejos de proteger y servir a la sociedad, había tenido como su real función el control social.
Una responsabilidad esencial de los gobernadores es garantizar la seguridad en sus vidas y patrimonio de quienes habitan en sus entidades. A eso se comprometen como candidatos, pero una vez en el gobierno se desentienden. Asignan cargos de secretario de Gobierno, de Seguridad Pública o procurador general de Justicia sin valorar trayectorias o a pesar de tener perfiles sospechosos.
Dice Ernesto López Portillo, uno de los estudiosos más serios en esta materia, que las políticas en materia de seguridad pública en México marchan en sentido contrario a la experiencia internacional: en vez de fortalecer el primer eslabón, la policía de proximidad, intentan sustituirlo con policías estatales, federales y Fuerzas Armadas.
El llamado que hizo hace pocas semanas el general Salvador Cienfuegos a los gobernadores para que hagan lo que les toca, cayó en el vacío. El gobierno federal, que tiene recursos legales y políticos para persuadir a la autoridad de los estados, permite que persista este disimulo: ésta es otra tarea incumplida de Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación.
Con una visión parcial sobre esta compleja realidad, distintas voces, lo mismo de México que del exterior, demandan que los soldados regresen a los cuarteles, soslayando un hecho gravísimo: que la mayoría de las corporaciones policiacas, lo mismo estatales que municipales, están penetradas por el crimen. Dejar a la sociedad a merced de una delincuencia protegida por esas policías equivaldría a rendir la plaza.
Han transcurrido diez años desde que Felipe Calderón ordenó un despliegue mayor de las Fuerzas Armadas (la Operación Michoacán), y desde entonces ningún gobernador ha hecho su trabajo para frenar la descomposición de sus corporaciones policiales. Esto no puede continuar.
En la Ley de Seguridad Interior que hoy se discute en el Congreso de la Unión deben disponerse términos y condiciones para que los gobiernos estatales dejen de simular y hagan lo que les toca; allí mismo deberán establecerse sanciones enérgicas que lleguen al desafuero e, incluso, a definir responsabilidades penales a quienes solo simulan; solo entonces los soldados podrán regresar a sus cuarteles.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario
@alfonsozarate
