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Hay una frase de Vicente Guerrero, inscrita en el muro principal del Senado de la República, que debería inspirar a los legisladores: “La Patria es primero”. Sin embargo, para muchos “representantes” de la sociedad no es más que ornato en el salón de plenos.
La Constitución define, en su artículo 3, la democracia no solo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
La función pública es, esencialmente, distinta a la privada. Los valores que inspiran a una y otra difieren. En el sector empresarial el interés último es la ganancia; en el público, se gobierna para servir al interés colectivo. La lógica estatal debe privilegiar las necesidades sociales: construir escuelas, clínicas, caminos donde haga falta; garantizar condiciones de seguridad; favorecer el desarrollo del sector productivo que permita generar empleos justamente remunerados, defender a la Patria.
Los gobernantes deben usar con prudencia y sensibilidad los recursos públicos. Sin embargo, por todo el país abundan los casos de patrimonialismo y de gastos innecesarios. Pienso, por ejemplo, en el Museo del Barroco en la ciudad de Puebla, cuyo costo rebasa los siete mil millones de pesos; cuántas cosas pudieron hacerse con una suma semejante para atender las duras carencias en una de las entidades más pobres del país. Sobre todo cuando la capital del estado posee tanta belleza y tantos atractivos que uno más, de relumbrón, no haría diferencia alguna para la promoción del turismo.
En una perspectiva más amplia, el gasto en comunicación social alcanza niveles inmorales lo mismo a nivel federal que estatal e, incluso, municipal. Los funcionarios distraen recursos públicos para “cacarear” sus obras y promover su imagen, cuando hay necesidades enormes que atender en sus comunidades.
Los abusos de la alta burocracia, nacional o local, que se exhiben en estos días son elocuentes: a la usanza de David Korenfeld, exdirector de Conagua, hoy sabemos que Emilio Lozoya se trasladaba en helicóptero de su casa, en Bosques de las Lomas, a su oficina en la dirección general de Pemex; o el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, dilapidando mil millones de pesos durante su mandato en la renta de aeronaves; para no hablar de Javier Duarte y su mujer, enloquecidos acumulando riquezas...
Las distorsiones no son nuevas, siempre han estado presentes en la gestión pública. Durante la Usurpación, según refiere Friedrich Katz, el capitán Victoriano Huerta, hijo del Chacal, era uno de los más corruptos. Como presidente de la República, Álvaro Obregón parecía anticipar la lógica de Hilario Ramírez, alcalde de San Blas y hoy aspirante a la gubernatura de Nayarit: nomás roba poquito, porque a diferencia de otros presidentes, según decía con el humor negro que lo caracterizaba, él solo tenía un brazo.
La Historia siempre porta lecciones. El Programa del Partido Liberal y Manifiesto a la Nación del 1º de julio de 1906, que suscribieron en San Luis Missouri, junto con otros revolucionarios, Ricardo y Enrique Flores Magón, planteaba muchas demandas que luego serían incorporadas a la Constitución de 1917; entre ellas, la restitución de los ejidos y la distribución de tierras ociosas entre los campesinos, la fundación de un banco agrícola, la jornada máxima de trabajo de 8 horas, la prohibición del trabajo infantil, el establecimiento de un salario en el campo y las ciudades, el descanso dominical obligatorio.
Los signatarios del Programa advertían que éste no incluía principios, ya que estos deberían estar siempre en la conciencia de los hombres libres: “No se puede decretar que el gobierno sea honrado y justo: tal cosa saldría sobrando cuando todo el conjunto de las leyes, al definir las atribuciones del gobierno, le señalan con bastante claridad el camino de la honradez; pero para conseguir que el gobierno no se aparte de ese camino, como muchos lo han hecho, sólo hay un medio: la vigilancia del pueblo sobre sus mandatarios, denunciando sus malos actos y exigiéndoles la más estrecha responsabilidad por cualquier falta en el cumplimiento de sus deberes…”
En estos tiempos en que la clase gobernante no se caracteriza por su honestidad, eficacia o patriotismo, vale repetir la advertencia del magonismo: “…lo principal es la acción del pueblo, el ejercicio del civismo, la intervención de todos en la cosa pública”.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario
@alfonsozarate
