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La sociedad está de mal humor, pero también lo están las Fuerzas Armadas. Las duras palabras que pronunció el general Salvador Cienfuegos el pasado jueves 8, al cumplirse diez años del mayor despliegue militar para enfrentar el desbordamiento de la delincuencia, son palabras mayores.
Los soldados, como lo reconoce el general Cienfuegos, están haciendo funciones que no les corresponden porque así lo ha dispuesto su comandante supremo ante el torrente delincuencial y la incapacidad de las corporaciones policiales para enfrentarlo.
A lo largo de los últimos lustros, policías estatales y municipales mal remunerados, mal preparados y sin mística, fueron penetradas por el crimen y, en muchas regiones, se pusieron al servicio de los delincuentes.
Hoy se multiplican las voces que reprochan al ex presidente Felipe Calderón la decisión de “picar el avispero” y hablan de “los muertos de Calderón”. Pero una mirada más objetiva tendría que reconocer que desde finales de los noventa el desbordamiento criminal iba en ascenso en el país y que fue el propio gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, quien pidió el envío de fuerzas federales porque, en buena parte de su estado, La Familia Michoacana imponía el terror, extorsionaba, secuestraba y asesinaba. ¿Debía el gobierno esperar a que se consolidaran narcomunicipios o incluso narcoestados, como Tamaulipas?
Es cierto que, antes de actuar, debió integrarse un diagnóstico más completo de lo que ocurría en Michoacán y en otros estados donde la delincuencia se había enraizado: para entonces ya eran decenas de miles quienes como halcones, sicarios o jefes de plaza formaban parte de las bandas. La ausencia de ese diagnóstico, impidió diseñar y poner en marcha una estrategia más eficaz que involucrara no sólo a las Fuerzas Armadas, sino a todos los recursos del Estado. Pero es muy fácil decirlo a posteriori, en aquellos momentos había que actuar.
Como es evidente, las acciones del gobierno de Calderón apenas contuvieron la delincuencia en ciertos puntos —Ciudad Juárez, por ejemplo. Pero no restablecieron la tranquilidad, entre otras razones, porque diez años antes, los cárteles de la droga habían experimentado mutaciones de gran calado que habrían de tener durísimos impactos sobre la sociedad. Una de estas, muy relevante, fue la decisión de Osiel Cárdenas Guillén, entonces jefe del Cártel del Golfo, de reclutar a un grupo de militares graduados en “operaciones especiales” en EU, quienes pronto pasaron de ser el brazo armado del cártel a integrar Los Zetas, una banda brutal que transformó la lógica que prevalecía hasta entonces en las formaciones delincuenciales: ya no era sólo el trasiego de drogas, sino el control de territorios y la diversificación criminal: extorsiones, secuestros, trata de personas...
En este escenario de escalamiento de la violencia, los militares han reclamado una y otra vez que se otorgue un sustento jurídico a su participación; piden, también, que se fije un plazo a las corporaciones policiales para hacer lo que les toca y poder regresar a sus tareas constitucionales.
Con inusual claridad, el general Cienfuegos señala la falta de compromiso de la Secretaría de Gobernación, a la que corresponde la seguridad interior y, también, empujar para que se promulgue la Ley reglamentaria. El general refiere las fallas en la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio, que no está logrado que permanezcan en la cárcel quienes han delinquido. Y afirma que este tema no se va a resolver a balazos; tiene razón, en los millones de ninins el crimen organizado dispone de un ejército de reserva inagotable para el sicariato.
Las palabras del secretario de la Defensa Nacional dicen mucho del hartazgo de los soldados ante la simulación, la incompetencia o, incluso, la colusión de los gobernadores ante el crimen y también ante la inacción de legisladores que no han dictaminado las iniciativas en la materia.
Es cierto que se han dado episodios muy graves de violación a los derechos humanos que involucran a militares y que deben ser sancionados conforme a la ley. Pero la mayoría de los soldados se juega la vida en condiciones muy adversas, muchos han caído en emboscadas cobardes.
Después de las advertencias del general Cienfuegos, ¿los legisladores van a dotar a las Fuerzas Armadas de un sustento jurídico que, desde luego, no puede ser una “carta blanca”? ¿Los gobernadores van a ponerse a limpiar la casa y a profesionalizar a las corporaciones policiales? ¿Y el sistema carcelario, hará lo que le corresponde? ¿Lo mismo que ministerios públicos, jueces y magistrados?
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate
