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A Manuel Aguilera Gómez, Jesús Silva Herzog Flores, Fernando Solana Morales y tantos otros funcionarios que transitaron por puestos de altísimo nivel sin enriquecerse.
En un país pobre como el nuestro, la clase gobernante tendría que guiar sus acciones con tres valores clave: honestidad, austeridad y eficacia. Es muy probable, sin embargo, que la ausencia de estos valores explique la rapiña histórica de los profesionales de la cosa pública como una de las causas de la miseria económica, el subdesarrollo productivo, la desastrosa debilidad institucional.
Hoy, la corrupción de los gobernantes alcanza niveles groseros tanto por el monto de lo malversado como por la torpe “albañilería” financiera usada para el atraco. La deshonestidad como divisa, el asalto a puestos públicos, desde los más modestos (inspector de vía pública) hasta los más encumbrados, que les permite agenciarse jugosos sobornos y en algunos casos, meterle mano al presupuesto.
A la corrupción y la impunidad, nuestra clase política agrega el cinismo: gusta de exhibir relojes y joyas que valen miles de dólares, desplazarse en vehículos ostentosos, disponer de aviones y helicópteros oficiales o “prestados” para su uso personal. Se acaba de hacer público que el gobierno de Roberto Borge, en Quintana Roo, gastó más de mil millones de pesos sólo en transporte aéreo…
En los últimos años, sobre todo desde el gobierno de Vicente Fox, se dieron dos hechos que han dañado las finanzas públicas: el incremento en las percepciones de la alta burocracia (bajo el absurdo argumento de “competir” con lo que pueden ofrecer corporaciones privadas) y el engrosamiento del aparato burocrático (sobre todo en la punta de la pirámide). Pero el dispendio se manifiesta en todos los órdenes. En el Poder Legislativo, por ejemplo, desde la construcción de una nueva sede para el Senado hasta la contratación de edecanes para servir agua o café en el salón de plenos.
Para colmo, estos funcionarios pagados generosamente del erario son de una ineptitud pasmosa, como lo evidencian proyectos fallidos y obras innecesarias, inexistentes o fatuas a todo lo largo y ancho del país.
En los gobiernos estatales, los desvíos son escandalosos. Sólo basta con revisar las cuentas de Javier Duarte en Veracruz o de Guillermo Padrés en Sonora. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) han presentado denuncias por faltas graves. Toca a la PGR actuar, con eficacia y prontitud, para recuperar esos dineros y, en su caso, poner a los prevaricadores en el lugar que les corresponde: la cárcel.
Si la clase gobernante quiere mandar el mensaje de que “está leyendo” correctamente el mal humor colectivo, debe comportarse con elemental recato. Aplicar, sin trampas, la Ley de Salarios Máximos que prohíbe que un funcionario público gane más que el Presidente; renunciar o suprimir privilegios indebidos; cancelar viajes innecesarios; no realizar adquisiciones que no se justifiquen ni arreglos con los proveedores que se traduzcan en sobreprecios.
No distraer recursos para autopromoverse o comprar periodistas y “líderes de opinión”. Antes de emprender cualquier tipo de obras, revisar las prioridades sociales; revocar contratos notoriamente leoninos, como los que le permiten a OHL incrementar precios sin justificación alguna, y, sobre todo, ¡dejar de robar!
Estoy seguro de que no faltará quien me aclare que reducir percepciones y privilegios a la clase gobernante no tendrá mayores efectos económico-financieros. Puede ser, pero en la política las imágenes cuentan mucho y urge que los políticos sean y se muestren austeros. Buena señal envían el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, viajando en vuelos comerciales y clase turista, o el titular de Sagarpa, José Calzada, haciendo pública su declaración 3de3 y evitando la pompa que suele acompañar a los secretarios de Estado.
Presidente de Grupo Consultor
Interdisciplinario.
@alfonsozarate
