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Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público [...].
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Oaxaca vive, en distintas regiones, el desbordamiento de una insurgencia civil que podría constituir el más agudo desafío a la gobernabilidad para el gobierno de Enrique Peña, uno que pone a prueba su capacidad para construir una salida que no implique su derrota.
La aprehensión de los principales líderes de la Sección 22 y la aplicación de las sanciones previstas en la ley —descuentos por faltas, incluso despidos a los maestros que han abandonado las aulas— dispararon una indignación enraizada de tiempo atrás en muchas comunidades oaxaqueñas.
En las últimas semanas, los grupos más radicales de un magisterio que se llama a sí mismo “democrático”, pero es profundamente autoritario, junto con sus aliados de distintas organizaciones populares, desataron su furia; a ese contexto se agregó un ingrediente perturbador: la aparición de quienes buscan estirar la liga hasta reventarla porque no están protestando contra la reforma educativa, están haciendo la revolución (así lo expresa una de las consignas que corean en sus marchas: “maestro aguanta/el pueblo se levanta”). ¿“Lobos solitarios” o integrantes de alguna guerrilla que buscan “agudizar las contradicciones del capitalismo” para que irrumpa la insurgencia popular?
En los días previos al enfrentamiento del domingo se encontraban bloqueados 37 puntos del estado; entre ellos las principales carreteras que comunican Oaxaca con la Ciudad de México y otras entidades; la refinería de Salina Cruz estaba a punto de parar operaciones porque el bloqueo impedía la entrada y salida de transportes. ¿Cuántos días o semanas más debía esperar la autoridad para actuar? ¿Es aceptable que las policías permanezcan impávidas ante el secuestro y la quema de camiones, el robo de vehículos, el bloqueo de carreteras, el saqueo de almacenes comerciales?
El saldo de la refriega del domingo 19 en Nochixtlán aún no está claro, pero se habla de nueve muertos (uno de ellos, víctima del explosivo que manipulaba); además del fotoperiodista Elpidio Ramos Zárate, asesinado en Juchitán, al parecer por documentar los atropellos que acompañan la protesta.
Los integrantes de la Policía Federal (PF) no pueden caer en provocaciones; para eso disponen de entrenamiento, protocolos y recursos. Sin embargo, varios medios han publicado fotografías que muestran a los policías disparando, lo que desmiente uno de los boletines con los que la PF pretendió negarlo, diciendo que las imágenes eran “falsas”.
Urge conocer si los caídos, muertos o heridos, fueron víctimas de disparos y si estos provinieron del lado de la protesta o de miembros de alguna corporación policiaca. La investigación de la PGR debe alcanzar pronto conclusiones sólidas y, en caso de haber responsabilidad de agentes o mandos, proceder conforme a la ley.
Por lo pronto, el ambiente está enrarecido. Las palabras “masacre” y “represión”, que repiten cuadros de la CNTE y quienes la apoyan, remiten a la tarde del 2 de octubre y al Jueves de Corpus y son reproducidas por los principales medios internacionales.
Uno de los riesgos mayores que porta el conflicto, es la propagación de más frentes en Guerrero, Chiapas, Michoacán y más allá, donde hay grupúsculos ansiosos de entrar en combate, y que la violencia rebase a la Policía Federal y obligue a la presencia de las Fuerzas Armadas. Los grupos guerrilleros, casi en extinción, podrían encontrar una coyuntura propicia para actuar. Otro riesgo es el de la contaminación: que se enganchen sectores del profesorado institucional que hoy en día se mantiene en las aulas frente a grupo.
En consecuencia, es una buena noticia la decisión de la Secretaría de Gobernación de dialogar. Pero será muy difícil alcanzar acuerdos con quienes no aceptan nada que no sea la rendición del gobierno. Por otra parte, ni los profesionales de la revuelta, ni muchos de los radicalizados acatarán una eventual orden que llevara a la distensión.
El gran desafío para el gobierno del presidente Enrique Peña es evitar la tentación del endurecimiento y, sin rendir la plaza, evitar que la inconformidad se expanda y la violencia se desborde.
Posdata. Con toda su experiencia y los recursos tecnológicos de que dispone, ¿la Policía Federal no video-grabó todo lo ocurrido para probar si sus integrantes actuaron conforme a los protocolos?
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate
