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El monopolio de la violencia legítima corresponde al Estado. Pero en muchas regiones del país ese monopolio ha sido secuestrado por bandas criminales que imponen su ley ante la indiferencia o complicidad de autoridades de todo orden. Por eso la inseguridad sigue siendo —como lo muestra la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi— la preocupación mayor de los mexicanos.
En Tamaulipas, a pesar del enorme despliegue de fuerzas federales, los grupos criminales siguen extorsionando, secuestrando y asesinando; va a ser muy difícil recuperar la tranquilidad, porque se enraizaron y se adueñaron de la entidad ante la complicidad de gobernadores.
Algo similar se registra en el Estado de México, Veracruz y Guerrero, donde el número de plagios se mantiene en niveles intolerables y, en algunos casos, como sucedió en Tierra Blanca y en Papantla, Veracruz, los responsables de los levantones son policías municipales y estatales. En Guerrero, municipios completos están en manos del crimen organizado.
Ante el desamparo, la sociedad puede optar por rendirse, pero también puede hartarse y decidir tomar la justicia en propia mano; así ocurre con los grupos de autodefensa que han surgido en distintos puntos del país para resguardarse de caciques, talamontes y narcotraficantes, en comunidades indígenas en la Montaña y la Costa Chica de Guerrero o en Cherán y Ostula, en Michoacán; o como pasó en Tierra Caliente, donde mucha gente dejó sus actividades para defenderse de los atropellos de La Familia Michoacana o de Los Caballeros Templarios.
Pero, en otros momentos, en vez de la resignación o la autodefensa irrumpe otra expresión de hartazgo: la furia colectiva. Los linchamientos —la decisión de una muchedumbre enardecida de hacerse justicia por propia mano— no son una excepción en nuestra historia. En septiembre de 1968, en San Miguel Canoa, Puebla, en las faldas de La Malinche, el fanatismo y la ignorancia llevaron a la gente del pueblo, instigada por el párroco, a asesinar a tres de cinco excursionistas, trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y a un lugareño que les había dado hospedaje.
En la misma Ciudad de México, el 23 de noviembre de 2004, en el pueblo de San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac, un núcleo de guerrilla urbana descubrió que tres integrantes de la Policía Federal Preventiva realizaban una misión encubierta (ya habían localizado la casa de seguridad), e instigaron a los pobladores a lincharlos. La respuesta inexplicablemente lenta de la policía permitió que la barbarie se impusiera, dos agentes fueron golpeados brutalmente hasta causarles la muerte, el tercero logró sobrevivir pero con graves secuelas físicas y psicológicas.
En fechas recientes, distintas comunidades han decidido tomar la justicia en sus manos. Apenas el miércoles 25 de mayo, pobladores de la junta auxiliar San Francisco Tláloc, en el estado de Puebla, alertados sobre la presencia de una columna de vehículos de ordeñadores de ductos, acudieron al llamado de la campana de la iglesia, se reunieron en la plaza principal y de allí se dirigieron al lugar donde se encontraban las camionetas de quienes sustraían diesel de los ductos de Pemex y quemaron y destruyeron 20 vehículos; según dijeron, temían que, como ha ocurrido en otras ocasiones, el descontrol en las ordeñas clandestinas les provocara graves accidentes. Los ordeñadores, dijo una de las vecinas, actúan sin ocultarse, al pie de la carretera, ante la inacción de autoridades.
El 24 de mayo presuntos secuestradores fueron linchados en Santiago Atlatongo, Estado de México, dos murieron y el tercero fue rescatado con vida por la policía…
Detrás de los linchamientos hay fanatismo e ignorancia, pero también mucho de hartazgo ante la inacción de las autoridades. Este comportamiento atávico nos recuerda lo lejos que estamos de construir un auténtico Estado de Derecho.
Posdata. La descomposición en Veracruz, acelerada durante el gobierno de Javier Duarte, no conoce límites. Un grupo voraz e inepto ha urdido tramas grotescas para desviar a sus bolsillos recursos que debían atender la pobreza... El gobernador que resulte electo, quienquiera que sea, debe empezar por ordenar una investigación sólida que, sin dilación, lleve a consignar a Duarte y a sus cómplices.
