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¿Qué llevó al gobierno federal a romper una larga historia de capitulaciones para, finalmente, decidirse a aplicar la ley? Quizás la convicción de que los dirigentes de la CNTE no tienen llenadera: entre más les daban más pedían, porque en casi cuarenta años sus líderes aprendieron que los gobiernos, lo mismo los estatales que el federal, sólo entienden a chingadazos. Sin embargo, la cautela gubernamental también pudo explicarse por los riesgos que entraña manejar un conflicto desbordado con una organización que cuenta con decenas de miles de militantes, fuertemente enraizada en muchas comunidades y muy dispuesta al enfrentamiento. Todo indicaría que esto ya cambió.
El encarcelamiento de los tres principales mandos de la Sección 22 del SNTE, en manos de la “disidencia”, inició el 14 de abril con la detención del secretario de finanzas, Aciel Sibaja; luego vinieron las aprehensiones de Francisco Villalobos, secretario de Organización, el sábado 11 de junio, y unas horas más tarde, del secretario general, Rubén Núñez Ginés.
Según informó Gilberto Higuera, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Villalobos enfrenta cargos por robo agravado; en tanto Núñez, y otros dos detenidos, por lavado de dinero, delito en el que habría incurrido a través de contratos “ilegales” con empresas proveedoras de productos y servicios para los miembros de la sección, que entregaban a los dirigentes de la sección 3.5 % de los pagos recibidos. Según la PGR, con estos recursos financiaban las movilizaciones y cubrían gastos personales.
El cambio en la estrategia gubernamental se concretó luego de las elecciones federales intermedias. Para entonces, el gobierno federal ya había concluido que las exigencias de la CNTE y las acciones desplegadas para conseguirlas habían alcanzado niveles intolerables. El repudio social a la violencia de la Coordinadora se había expresado en una exigencia a las autoridades para que aplicaran la ley y frenaran la impunidad.
Contrastando con ese miedo que observamos por lustros, hoy en distintos puntos del país las fuerzas públicas (estatales y federal) parecen estar actuando a partir de una estrategia compartida; por eso están desalojando, lo mismo en la Ciudad de México que en Oaxaca, a quienes solían apoderarse por meses de los principales espacios públicos. En la misma línea, la policía estatal de Chiapas detuvo a varios de los integrantes de la Organización Proletaria Independiente Emiliano Zapata, involucrados en el escarnio a unos profesores en Comitán que no respondieron a la consigna de parar clases.
Pero no será fácil recuperar la paz social. En estos días los miembros de la Coordinadora y sus aliados están actuando como saben hacerlo: cerrando carreteras, instalando barricadas en el Centro Histórico de Oaxaca... Contener a la CNTE será una tarea de enorme complejidad que reclama una operación quirúrgica y el compromiso de los gobernadores donde la Coordinadora tiene mayor presencia (Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán), lo que incluye un uso prudente de la fuerza.
En este juego de “vencidas”, el desenlace permanece incierto. Los radicales van a intentar acciones más duras para revertir la reforma educativa y lograr la liberación de sus líderes, mientras el gobierno tendrá que responder aplicando la ley, con más despidos y más detenciones.
Será clave constatar si la PGR armó sólidamente las investigaciones que sustentaron las órdenes de aprehensión y si la SEP opera con eficacia las sanciones previstas en la ley para quienes abandonan las aulas.
La estrategia de la CNTE. Para impugnar la reforma educativa, la CNTE pudo haber optado por una estrategia que, sin violentar la ley, mostrara su compromiso con la educación y le ganara un amplio apoyo social. Pero, fiel a su naturaleza, desplegó acciones que, por un lado, han lastimado a niños y jóvenes para quienes la educación pública es casi la única opción para salir de la pobreza; y, por el otro, han dañado a sectores de la sociedad totalmente ajenos al conflicto (la lógica de la Coordinadora parece ser la de “no buscamos quién nos la hizo sino quién nos la pague”). Por lo pronto, Andrés Manuel López Obrador ya se montó en los hechos: instruyó a Martí Batres, Yéidkol Polevnsky, Bertha Luján, Salomón Jara y Rocío Nahle, a asumir la defensa de los detenidos y exigir su liberación inmediata. Parece una mala apuesta, porque exhibe su cercanía a un sector impugnado severamente por utilizar el vandalismo como estrategia de lucha.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate
