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En el estado de Morelos la sociedad vive con miedo. La infiltración criminal en distintos espacios de gobierno parece imparable y la tardía reacción oficial permite a los delincuentes operar con total impunidad.
El 14 de septiembre de 2012, a unos días de asumir la gubernatura, Graco Ramírez tomó un compromiso: “en un plazo de 18 meses Morelos volverá a ser seguro”. Pero, a más de tres años de distancia, la situación está peor. Las cuentas alegres del mandatario perredista no corresponden a una realidad que agobia a los morelenses. El propio obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, denunció en el semanario Desde la Fe, el hartazgo de los habitantes de distintas regiones de la entidad ante los asesinatos, los secuestros y las extorsiones de delincuentes liderados por Santiago Mazari, alias El Carrete.
Distraído en su risible pretensión de ser candidato a la Presidencia de la República, el gobernador nomás no encuentra la cuadratura al círculo delincuencial.
Graco Ramírez gusta de litigar en los medios y en las redes sociales. Apenas arrancando el año, el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, lo lleva a lanzar acusaciones temerarias: señala al presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, en el mejor de los casos como un tonto útil a los grupos criminales: “Federico Figueroa, vinculado a la delincuencia, y personas ligadas a él son quienes ahora están cercanas a Cuauhtémoc Blanco”. Pero si el gobernador tiene elementos incriminatorios, lo que le corresponde es ordenar a la Fiscalía General del estado que arme una sólida averiguación previa y la consigne ante los jueces.
Según el gobernador, criminales al servicio de Los Rojos asesinaron a la alcaldesa porque ésta se negó a evitar la continuidad del Mando Único policiaco, como le habían exigido antes de tomar posesión del cargo a través de mensajes intimidatorios. Algunos analistas sugieren otras hipótesis: podría tratarse de contratistas afectados por el cambio de autoridad o, incluso, de “arreglos” de la alcaldesa con el cártel rival. Tanto o más delicadas que la versión oficial, todas las líneas de investigación tendrían que ser agotadas para no dejar dudas sobre la integridad de la joven política victimada.
Como sea, Morelos experimenta el peor de los mundos: de un lado, los narcotraficantes enfrentados entre sí por el control de plazas, territorios y rutas; del otro, la precariedad de actores relevantes de la clase política en responsabilidades de gobierno. Como en otras zonas del país, la impunidad criminal, la debilidad institucional y la corrupción de los poderes públicos conforman un escenario calamitoso.
¿En qué ha fallado la estrategia de seguridad pública? Quizás el error mayúsculo desde los días del presidente Felipe Calderón, mantenido y agudizado por el gobierno federal priísta, consistió en pensar que la clave estaba en crear una Policía Federal altamente profesional, pero sin atender el primer eslabón, el de las policías municipales, mal pagadas, mal entrenadas, sin una cobertura social mínima, lo que las hace presas fáciles de la corrupción o la intimidación.
No habrá forma de parar este desbordamiento delincuencial mientras no se encare como lo que es: un desafío al Estado nacional y a la sociedad que exige acciones contundentes del gobierno de la República, no sólo del gabinete de seguridad nacional, sino también de las secretarías de Hacienda (especialmente la Unidad de Inteligencia Financiera y de Aduanas), Desarrollo Social y otras dependencias, así como de los Poderes Legislativo y Judicial. Sólo de esta manera las acciones de la sociedad civil organizada, comprometida y vigilante tendrán un efecto duradero. Porque sin autoridades confiables, policías íntegros, fiscales y jueces honorables, exigir que la ciudadanía “haga su parte” mediante denuncias y evitando la tentación de integrarse o tolerar las redes criminales, resulta tan inútil como demagógico.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario
@alfonsozarate
