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Para esos padres que viven estos días, que suelen ser de alegría, con el enorme sufrimiento de no saber
dónde están sus hijos.
Lo que no suena lógico, dicen los que saben, suena metálico. En los años recientes, empezando con Marcelo Ebrard, ha avanzado desde el gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa, una línea de acción que privilegia pingües negocios de particulares, al tiempo que degrada la vida de los capitalinos.
En distintas áreas de la ciudad crece una saturación anárquica y la privatización de los espacios públicos. En “Nuevo Polanco” —área que se ubica en secciones de las colonias Anáhuac y Granada—, se han levantado y siguen edificándose “mega proyectos”: enormes torres habitacionales o de oficinas en superficies que antes ocupaban bodegas, talleres y fábricas. Los imponentes desarrollos inmobiliarios en los que viven miles de familias o trabajan miles de empleados, generan una enorme presión sobre los servicios municipales (la disponibilidad de agua, drenaje, luminarias, estacionamientos, seguridad pública) y congestionan las estrechas vialidades.
Algo similar ocurre o está por ocurrir en otras zonas de la ciudad donde se erigen obras luego de sospechosas modificaciones del uso del suelo que atentan contra los planes parciales de desarrollo y que no se darían sin la complicidad de autoridades de distinto rango. En el pueblo de Xoco, de la delegación Benito Juárez, la modificación del uso del suelo ha permitido la construcción de proyectos como el de Mitikah, que tendrá siete torres, una de ellas de 60 pisos, en un área donde el Plan Parcial autorizaba sólo tres.
Sin los estudios de impacto urbano y carentes de una visión de largo plazo para la ciudad de México, las autoridades autorizan proyectos sin exigirle a esos desarrolladores medidas de mitigación urbana (la construcción de parques y espacios recreativos, de vialidades acordes a la presión vehicular, etcétera) que frenen su lógica voraz de aprovechar hasta el último centímetro cuadrado.
Otro ejemplo de la privatización de espacios públicos es el de los parquímetros. Nadie podría negar la necesidad de ordenar la vía pública y desincentivar el uso de los automóviles, sin embargo, la “solución”: establecer áreas cada vez mayores en las que quienes deseen estacionar su vehículo deben pagar una cuota so pena de sufrir la inmovilización de su vehículo, se ha convertido en un verdadero atraco cuyos beneficios mayores se entregan a concesionarios que no dan la cara. No conformes con el negocio de Ecoparq (sólo el 30% de los recursos generados se destina al mejoramiento del espacio público de las colonias donde opera y esto, a partir de criterios discutibles), va permitiéndose el uso de parquímetros en más y más vías de circulación, tal es el caso de tramos en las calles de Darwin y Gutemberg, en la colonia Anzures.
Ante la flagrante violación de leyes, reglamentos y planes parciales de desarrollo, lo que prevalece es la impunidad: no hay castigo para los que violan las normas ni para sus cómplices en las oficinas de gobierno.
Distintas voces de activistas ciudadanas, como la de Josefina MacGregor, integrante del Patronato San Ángel, han denunciado la Ley de Desarrollo Urbano que dejó Marcelo Ebrard en 2010, “una ley a favor del inmobiliario, no del ciudadano”.
La calidad de vida de los capitalinos se deteriora en beneficio de unos cuantos. Sergio Aguayo lo describe como un “urbanismo salvaje y depredador” que, por desgracia se está replicando en otras entidades federativas en beneficio de los especuladores y, como decía al principio, lo que no suena lógico suena metálico.
Es imperativo frenar la voracidad de desarrolladores inmobiliarios y autoridades corruptas. El inicio de un año podría ser un momento de quiebre, pero ante la insensibilidad de unos y otras, la presión ciudadana parece, por ahora, la única alternativa.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate
