Un ejercicio que debía ser pacífico, casi burocrático: la evaluación docente, ha dado lugar en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, a refriegas callejeras, actos de resistencia y de provocación de los núcleos más duros de la CNTE.

El martes 8 de diciembre, en Tuxtla Gutiérrez, un autobús de pasajeros secuestrado por los disidentes fue proyectado hacia donde se ubicaba una barrera de policías federales; no logró su objetivo, pero sí cobró la vida de uno de los profesores, Gemayel Ruiz; además, varios manifestantes y policías resultaron lesionados. Los opositores a la evaluación incautaron equipo, incluidos cientos de balas y retuvieron a cinco uniformados que luego fueron “canjeados” por seis de sus compañeros que habían sido detenidos por las fuerzas públicas.

Hugo Alvarado, vocero de la sección 7 de la CNTE, habla de un gobierno fascista y responsabilizó a la Policía Federal de la muerte de Gemayel. Sus arengas evocan al grupo de Los enfermos, que operó en la Universidad Autónoma de Sinaloa a principios de la década de los setenta cuando después de la tarde de Tlatelolco y el Jueves de Corpus, parecía cerrado todo espacio a la transformación pacífica del país. Los enfermos se propusieron, a través de las armas, implantar en México “la dictadura del proletariado”.

Detrás de la resistencia y, sobre todo, la rudeza de la CNTE se encuentra una mixtura de ingredientes. Por un lado, la mutación de un movimiento que surgió con causas nobles (parar el empobrecimiento del magisterio y acabar con el cacicazgo de Carlos Jonguitud) y terminó usufructuando importantes cotos de poder. En Oaxaca, el control del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) les permitió manejar el presupuesto educativo y definir puestos, promociones y sanciones, instrumentos clave para controlar y movilizar a sus agremiados.En segundo lugar, está la intransigencia de los liderazgos y los núcleos más violentos de la Coordinadora, alimentada por su formación política en normales rurales, como la Isidro Burgos de Ayotzinapa, que preparan a los cuadros que serán “la vanguardia del proletariado”.

Pero no puede omitirse otro ingrediente: la persistencia, en anchas regiones de sus estados, de una pobreza extrema, cacicazgos y falta de oportunidades, lo que convierte la carrera magisterial en una condición, casi única, para escapar de esa lacerante realidad.

Las líneas de acción de la Coordinadora —los paros de actividades, los plantones y bloqueos, el secuestro de transportes públicos, el robo de mercancías, los asaltos a oficinas públicas, la quema de expedientes y la vejación de funcionarios—, les habían dado resultados durante lustros. La paradoja es que, en contradicción con su discurso justiciero, sus acciones dañan sobre todo a los niños más pobres, aquellos para quienes la educación pública es la mejor herramienta, o quizás la única —legal—, para el ascenso social.

En los primeros dos años del gobierno del presidente Peña, poco había cambiado: a sus exigencias, la administración respondía con mayores cesiones. Sin embargo, después de las elecciones intermedias, la postura del gobierno federal dio un giro importante y hoy la Coordinadora sufre una embestida por varios flancos, lo mismo de instancias del gobierno federal —SEP, PGR, SHCP, Segob y Sedesol— que de los gobiernos de Oaxaca, Michoacán Chiapas y Guerrero.

La autoridad ha empezado a aplicar las sanciones previstas en la ley: descontando los salarios de quienes faltan de manera injustificada, cesando a quienes incurren en faltas mayores, a quienes se niegan a evaluarse y procediendo a consignar penalmente a algunos de quienes han cometido delitos.

El gobierno del presidente Peña no puede permitir que este primer paso de la reforma educativa, la evaluación, se frustre (la verdadera reforma, que implica la revisión del modelo educativo, está pendiente). Pero los núcleos duros de la CNTE no rendirían fácilmente la plaza. Como presa acorralada, la disidencia magisterial sigue dando zarpazos que confirman que está disminuida, pero sigue siendo un hueso duro de roer. La educación, y en buena medida el futuro de varias generaciones, está en juego. Para la autoridad no parece una opción ceder a la intransigencia, entre otras cosas, porque ya conocemos los resultados.

Presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario

@alfonsozarate

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