Más Información
En meses recientes, el desabasto de diesel y gasolina afectó a por lo menos nueve entidades del norte y el centro del país: Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Aguascalientes, Puebla y Tlaxcala. De acuerdo con Petróleos Mexicanos, el trastorno obedeció a fallas en el nuevo sistema de facturación de Pemex Refinación; al mantenimiento de las refinerías de Cadereyta (Nuevo León) y de Salamanca (Guanajuato); y, sobre todo, a la ordeña de los ductos de la empresa. Para regular el abasto, la empresa anunció la importación de volúmenes adicionales de gasolinas.
Pero aumentar la importación de gasolinas —decisión absurda y financieramente irresponsable—, evade la responsabilidad de Pemex y del gobierno mexicano de atender el descontrol criminal que permite ese delito, un saqueo que ha crecido brutalmente en los últimos lustros.
En el año 2000, cuando el problema comenzó a cobrar relevancia, se detectaron 155 tomas ilegales, mientras que el año pasado se contabilizaron 3 mil 674; es decir, las ordeñas (conocidas) se multiplicaron casi 24 veces en 14 años. Y el fenómeno sigue imparable.
Apenas en febrero pasado, Pemex hizo otro anuncio fantástico: que por los ductos sólo se transportarían gasolinas y diesel “no terminados”, es decir, no aptos para su uso en vehículos y plantas industriales. Maniobra ingeniosa que, paradójicamente, no es otra cosa que la rendición oficial ante las mafias —que ahora roban las pipas de gasolina.
La ordeña de combustibles es un jugoso delito. Según reportes de la petrolera, en 2014 el robo se estimó en alrededor de 27 mil barriles diarios de hidrocarburos, cuyo valor equivaldría a más de 17 mil millones de pesos; cifra superior al presupuesto asignado en 2015 a las secretarías de Relaciones Exteriores (8 mil 100 millones) y Turismo (6 mil 844 millones).
Pero el asunto va más allá, pues las ordeñas portan riesgos significativos no sólo para la seguridad colectiva, sino al medio ambiente y la marcha del aparato productivo. Además, como es evidente, esta sustracción ilegal y otros delitos vinculados requieren de manos experimentadas, por lo que necesariamente participan técnicos calificados que están o estuvieron al servicio de Pemex y sus contratistas.
Hace unos años, Ana Lilia Pérez arrojó luz sobre las redes de corrupción en El cártel negro. Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. En este libro, la periodista reconstruye cómo diversos empleados de la empresa —choferes, checadores, vigilantes y supervisores— lo mismo ordeñan o rellenan pipas que expiden más de un embarque de combustible al amparo de una sola factura.
Con base en expedientes del Órgano Interno de Control y de la Secretaría de la Función Pública, la autora consigna que la ordeña de pipas muchas veces está vinculada con integrantes del sindicato; y que, eventualmente, la poderosa organización protege a los trabajadores que son detenidos in fraganti por contralores o vigilantes militares.
Ante este escenario desastroso, nuestros políticos y legisladores no han tenido mejor ocurrencia que aumentar las sanciones penales. Un expediente fácil e inútil, pues la clase gobernante sigue sin entender que no se trata de un tema de “buenas” leyes sino de aplicación de las mismas. La impunidad es el nombre del juego. Hace una semana, en EL UNIVERSAL, Miriam Domínguez documentó, con datos de la PGR, que de 14 mil 560 averiguaciones previas iniciadas sólo se había consignado a 2 mil 185 “probables responsables”. Por lo demás, la geografía del delito refleja la gravedad y expansión del fenómeno: 75% de las averiguaciones se concentran en ocho entidades del país; Tamaulipas registra el mayor número de ellas (2 mil 286); le siguen Sinaloa (mil 942), Guanajuato (mil 342), Jalisco (mil 209), Puebla (mil 150), Veracruz (mil 117), Estado de México (971) y Nuevo León (950).
La ordeña de ductos y el robo de combustibles en todas sus modalidades son una muestra, quizá de las más perturbadoras, de la ausencia de responsabilidad de trabajadores y funcionarios públicos y del pragmatismo inmoral de algunos empresarios. Una prueba más de la ineficacia de las corporaciones de seguridad y de las instancias de procuración de justicia… En conjunto, exhiben la falta de voluntad política para sanear a la principal empresa del país. Parece que estamos ante otra guerra pérdida.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate
