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Mientras trabajamos en los preparativos del 8º Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, me llega a la memoria la frase de Mitch Albom, escritor y periodiosta deportivo norteamericano, quien solía decir que “Todos los finales son también comienzos, lo que pasa es que no lo sabemos en su momento”.
Y lo recuerdo porque ello me permite redimensionar los años de trabajo colaborativo durante estos 7 foros, impulsados por la sociedad civil y que le anteceden, en que hemos confluido una enorme cantidad de activistas, organizaciones de la sociedad civil, operadores del sistema de impartición de justicia, académicos, autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres Poderes de la Nación, órganos implementadores, víctimas, familiares de las víctimas del delito y ciudadanos preocupados por hacer posible lo que para muchos ha sido considerada como la más trascendente reforma constitucional en materia de justicia penal en la historia moderna del país.
Tampoco podemos soslayar los grandes retos y enormes obstáculos que como sociedad hemos debido afrontar y superar para dar cumplimiento a la enmienda constitucional que hará posible operar de manera integral -en cada una de las entidades y a nivel federal- el modelo acusatorio y oral, para dotarlo de las herramientas técnicas, legales, sociales y políticas que son necesarias para la impartición y administración eficaz de la justicia, así como para combatir el delito y la violencia que suele acompañarle.
De hecho, a través de cada una de las siete ediciones del Foro, desde 2009 se vine realizando un ejercicio de deliberación pública que ha permitido que los ciudadanos, operadores y especialistas en la materia, pongamos luces en los temas que apremian tanto la implementación, la operación y la eficacia del nuevo sistema de justicia penal. Por otra parte ha favorecido para que los representantes de las organizaciones civiles, académicos, líderes de opinión y a la sociedad, podamos conocer y difundir los avances en el cumplimiento de los compromisos constitucionales establecidos por la Reforma; asimismo, es un espacio para presentar las evaluaciones, propuestas y críticas ante los responsables de operar el Sistema de Justicia Penal, y demandar que se aclaren las dudas que existan sobre los puntos de controversia que se han presentado durante el proceso de transición que vive el nuevo sistema.
Como resultado de ello, somos conscientes de las tareas que quedan pendientes de cumplir y que será imposible realizarlas de aquí al 18 de junio próximo, cuando vence el plazo legal para dar por concluida la implementación, lo que será pasto seco para que los detractores de la iniciativa ceben sus desacuerdos y críticas con lo que hasta hoy se ha realizado.
Hoy más que nunca debemos redoblar el esfuerzo y no bajar la guardia. Quienes estamos a favor del nuevo sistema y hemos apoyado, trabajado y aportado nuestro desinteresado esfuerzo para su realización, damos por sentado de que en la fecha señalada estaremos concluyendo la primera etapa de la instalación del nuevo sistema e iniciando el trayecto que nos habrá de conducir a su consolidación institucional lo que, paulatinamente, nos permitirá garantizar mejores niveles de eficiencia en la persecución de los delitos, el pleno respeto a los derechos humanos de las víctimas, de los imputados y el cumplimiento cabal del debido proceso, sin atisbos de duda.
Importa superar los errores hasta ahora cometidos, ya sea por ignorancia, error, dolo o corrupción de policías, peritos, ministerios públicos, jueces, procuradurías, magistrados y ministros que han permitido liberar a delincuentes confesos apelando a “fallas operativas” o tecnicismos injustificables; las víctimas por costumbre y uso están olvidadas, debemos cambiar el paradigma que las descarta. El nuevo sistema es para hacer justicia pronta y expedita en igualdad de circunstancias a víctimas y victimarios. No más privilegios a criminales sobre las víctimas.
Asimismo, es urgente apresurar la puesta en operación de acciones específicas para:
· Difundir masivamente los principios y mecanismos sobre los que opera el nuevo sistema de justicia penal, a fin de que la ciudadanía los conozca, aprenda a utilizarlos y demande su adecuada aplicación cuando necesite de ellos.
· Intensificar los esfuerzos legislativos e institucionales que permitan profesionalizar y modernizar a nuestras agrupaciones policiacas, a fin de que estén en condiciones optimas de realizar sus operaciones cotidianas al amparo de las normas que establece el NSJP, para que se mejoren sus condiciones laborales y se inicie una campaña de dignificación de la labor policial.
· Emprender el fortalecimiento del Poder Judicial, mediante la integración y puesta en marcha de normas, protocolos y manuales que homologuen la operación de las instituciones que lo conforman y permita la consolidación del NSJP a partir de políticas públicas de alcance nacional.
Estamos convencidos de que a pesar de los enormes retos y desafíos que nos falta superar, México se encamina hacia la consolidación de un sistema de justicia penal moderno que, más pronto que tarde, hará posible la plena protección de los derechos humanos de las víctimas como de los victimarios, mediante el principio de equidad jurídica entre los unos y los otros. No más, no menos.
Presidente y fundador de México SOS
