El debate en torno al debido proceso me parece innecesario, el problema de fondo, no es el debido proceso, es el mal uso que se hace de él. Parece entonces que, algunas veces, no estamos hablando de lo mismo.
Lo que como presidente de México SOS sostengo es que no estamos discutiendo de lo mismo cuando hablo del proceso indebido, siempre es preciso aclarar porque normalmente las controversias, cuando se dan por dos temas completamente diferentes son interminables y no conducen a nada.
Por ello es fundamental sabernos escuchar, aunque no todas las veces nos agrade lo que nos dicen, o no estemos necesariamente de acuerdo, porque, en ocasiones, si se es omiso en ver y ventilar las realidades, por dolorosas –o costosas- que éstas sean, quedan en la retórica y tampoco conducen a nada.
Esta es una discusión de estigmas y paradigmas.
Afrontar con realismo los problemas y sobre todo que el estado escuche a sus gobernados es una postura de responsabilidad social y de profundo deber de los funcionarios públicos de ahí que sostengo que, como dijo Bertolt Bretch: “No aceptes lo habitual como cosa natural. Porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural. Nunca debe parecer imposible de cambiar.”
Es habitual la corrupción y la impunidad, entre algunos ellos (como en otros funcionarios de todos los niveles y poderes) la de quienes administran e/o imparten justicia, y no por ello debe parecernos natural o pensar que es imposible de cambiar.
Es innegable que el sistema antiguo de impartir justicia en México, en forma y fondo, ya estaba plagado de ineficiencias, de malas costumbres, pero también en muchos casos, de corrupción.
Y henos aquí, a ocho largos años de coincidir y disentir en tiempos de cambio, para lograr la implementación y el cambio institucional en medio de luchas contra inercias, vicios y horrores que nos heredó el viejo sistema de justicia penal mixto inquisitivo y que son las causantes de desconfianza y falta de credibilidad que tiene la ciudadanía en las instituciones responsables de dicha tarea.
Por ello es entendible y hasta justificable que se escuchen voces que lanzan reclamos sobre lo alcanzado hasta el momento, aunque son más, muchas más, las que reconocen los avances visibles y cuantificables que se han tenido, permitiendo alimentar la certeza de que caminamos en sentido correcto y que pronto veremos consolidarse al sistema de justicia penal adversarial.
El nuevo modelo de justicia nace para hacer realidad, en todo el territorio nacional, los principios de eficacia, transparencia e inmediatez en la procuración y administración de justicia, con base en el respeto de los derechos humanos de las víctimas e imputados, la reparación del daño para las víctimas, la implementación de los mecanismos alternativos para la solución de controversias y la reinserción social de los transgresores de la ley.
En esta etapa de consolidación, no se trata de que se echen la culpa unos a otros: ente policías, jueces, ministerios públicos, defensores, magstrados, etcetera se trata de HACER y VIVIR la justicia, como dice mi querido amigo Jorge Fernández Menéndez “No se trata de tener en la cárcel a inocentes, se trata de que no la abandonen los verdaderos criminales. No se trata de que se inventen pruebas, que es lo que se quiere evitar, se trata de que no se deje en libertad a un criminal porque alguna prueba en su proceso se obtuvo de alguna forma indebida. No se trata de presionar a los jueces para que no hagan justicia y mucho menos de exonerar los errores que puedan cometer policías o ministerios públicos al momento de una detención, pero sí se trata de que haya un poco de sentido común en las sentencias, que se dicten con base en el espíritu de la ley y no sólo en su letra”
Pero sí se trata de que existan reglas claras y criterios basados en el sentido común, para evitar a toda costa que no se haga justicia. Más de 8 años de esfuerzo por hacer una reforma de esta envergadura fue con el propósito de hacerle justicia a las víctimas, de frenar la impunidad rampante que ha existido durante tantos años con los criminales, así lo mencionó el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su mensaje con motivo del vencimiento del plazo constitucional para la implementación del nuevo sistema de justicia penal y arranque de la etapa de consolidación del mismo: “El precio que como sociedad hemos pagado por no tener o no haber tenido una justicia con todos los estándares necesarios, ha sido muy alto: el incremento del delito por una creciente impunidad y la pérdida de confianza en las instituciones.”
Nada más cierto que sus palabras. Pero si queremos que esto cambie no sigamos cometiendo los mismos errores del pasado, ahora con nuevos procedimientos. La ley dice que debe haber equidad jurídica entre víctimas y victimarios y somos testigos de decenas de casos documentados y probados, que aparentemente se han hecho con procedimientos acordes a la ley, basados en el debido proceso y que no contienen ni un ápice de sentido común ni equidad jurídica.
En tanto el poder judicial (en cualquier instancia que aplique) no reconozca y acepte que tiene que castigar de una vez por todas, las ineptitudes y corruptelas de forma pronta y expedita, la maldición de la impunidad seguirá pesando sobre la nación.
Estamos en los primeros días de la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y todos tenemos grandes esperanzas de que mejore sustancialmente la forma de impartirse y que se logren por fin los principios de transparencia, oralidad, publicidad, defensa e igualdad entre las partes, concentración y continuidad, inmediación y contradicción.
Es cierto, que quedan tareas pendientes por cumplir y muchas de ellas son motivos de desacuerdos, disputas y controversias entre los actores institucionales y sociales del país, como resulta natural en la implementación de un cambio institucional que tiene dimensiones históricas y que desde ya, esta transformando la forma que teníamos de entender la impartición de justicia penal.
La discusión va más allá de la forma. Reitero mi apoyo al nuevo sistema de justicia penal -por eso he luchado-, reitero mi apoyo al debido proceso -porque creo en él- y reitero mi enérgico reclamo a no hacer mal uso y abuso de éste para liberar delincuentes probados, esa es mi responsabilidad como ciudadano y activista.
Estamos hablando de lo mismo, porque todos anhelamos un país con estado de derecho. Todos estamos en lo mismo, porque de justicia se trata; en donde muchos podemos disentir es que, por aplicar letra por letra la ley, no se haga justicia.
Presidente de México SOS
